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ElSalvador—El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado al Tribunal Supremo que autorice la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que actualmente beneficia a unos 350,000 migrantes venezolanos, lo que podría abrir la puerta a su eventual deportación.
Esta solicitud responde a una medida impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien en febrero ordenó la anulación del TPS otorgado durante el mandato del presidente Joe Biden. Sin embargo, un juez federal bloqueó la decisión a finales de marzo, lo que ha llevado a la Administración del expresidente Donald Trump —quien busca recuperar el poder— a escalar el caso al máximo tribunal del país.
En su petición, el Gobierno argumenta que la decisión del juez obliga a mantener en EE. UU. a «cientos de miles de venezolanos», lo que considera «contrario a los intereses nacionales», según reportó la cadena CBS News. Además, acusa al juez de haber interferido con las competencias del poder ejecutivo en materia migratoria, al imponer “su propia percepción” sobre lo que debería ser la política del país.
El TPS para ciudadanos venezolanos fue ampliado por la administración de Biden en enero, lo que garantizaba su vigencia hasta octubre de 2026. Este estatus no solo evita deportaciones, sino que permite a los beneficiarios trabajar legalmente en Estados Unidos.
No obstante, bajo los planes de Trump, el TPS para Venezuela debía haber expirado el pasado 7 de abril. El litigio en la Corte Suprema será clave para definir el futuro de miles de personas que dependen de esta protección migratoria.