El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que la noche del domingo se transfirieron 17 miembros adicionales de las organizaciones criminales Tren de Aragua y Mara Salvatrucha (MS-13) a El Salvador. Este traslado se produce dos semanas después de que Estados Unidos enviara a 261 presuntos miembros de ambas organizaciones, previamente declaradas terroristas por el gobierno estadounidense.
Rubio destacó en su cuenta de la red social X que, en una «exitosa operación antiterrorista» realizada en conjunto con las autoridades salvadoreñas, el ejército estadounidense transfirió a estos 17 criminales violentos, incluyendo asesinos y violadores. Aunque no especificó cuántos de los trasladados pertenecen a la MS-13 y cuántos al Tren de Aragua, expresó su agradecimiento al gobierno de El Salvador y al presidente Nayib Bukele por su «incomparable colaboración para hacer que nuestros países sean seguros contra el crimen transnacional y el terrorismo». Con este nuevo envío, el número total de individuos transferidos asciende a 278.
El 16 de marzo, El Salvador recibió tres vuelos procedentes de Estados Unidos con 238 venezolanos, supuestos miembros del Tren de Aragua, y 23 salvadoreños, miembros de la MS-13. Todos fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad que el gobierno salvadoreño promociona como la más segura de la región.
Estas transferencias se realizaron después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para ordenar las expulsiones. Sin embargo, un juez federal suspendió temporalmente la ejecución de esta ley, generando un debate legal sobre la validez de los traslados.
El gobierno venezolano ha expresado su rechazo a estas acciones, acusando a El Salvador de mantener «secuestrados» a 238 de sus ciudadanos y ha enviado abogados a la Corte Suprema de Justicia salvadoreña para abogar por ellos. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses defienden la legalidad de las transferencias, argumentando que se realizaron tras una revisión exhaustiva de los perfiles de los detenidos.
La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, atentos a las implicaciones legales y humanitarias de las deportaciones y al impacto en las relaciones diplomáticas entre los países involucrados.
Hasta el momento, el Gobierno salvadoreño no se ha pronunciado ante la llegada del nuevo grupo de deportados.