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EEUU—La Administración del presidente Donald Trump ha confirmado su intención de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que desde 1999 ha beneficiado a decenas de miles de ciudadanos de Honduras y Nicaragua.
Según un documento preliminar divulgado este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la decisión se oficializará este martes con su publicación en el Registro Federal, lo que activará un plazo de 60 días antes de su entrada en vigor.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que la medida se basa en que ambos países “ya no cumplen los criterios” para mantener la designación bajo el programa TPS. La protección fue otorgada originalmente a raíz del paso del huracán Mitch en octubre de 1998, fenómeno que causó más de 11,000 muertes en Centroamérica (alrededor de 7,000 en Honduras y casi 4,000 en Nicaragua) y dejó severos daños a la infraestructura y economías locales.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las condiciones en estos países han mejorado significativamente desde entonces. En el caso de Nicaragua, el DHS menciona avances en sectores como el turismo, la agricultura y la energía renovable.
En cuanto a Honduras, el gobierno estadounidense destacó el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura y la creación de oportunidades laborales.
Se estima que unos 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses perderán el estatus legal una vez que se haga efectiva la medida, lo que los dejaría en riesgo de deportación si no logran ajustar su situación migratoria.
Estos ciudadanos forman parte de los más de 1 millón de beneficiarios del TPS en Estados Unidos, muchos de los cuales viven en Florida, donde reside aproximadamente un tercio de esta población, según datos del Congreso.
El TPS permite a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de manera temporal. Aunque las renovaciones del programa deben revisarse periódicamente, en muchos casos se han extendido durante décadas.
La eliminación del TPS para hondureños y nicaragüenses se produce semanas después de que la Administración Trump anunciara también el fin del mismo programa para más de 521,000 haitianos, aunque esta última decisión fue detenida temporalmente por una orden judicial. Asimismo, en mayo, la Corte Suprema autorizó al gobierno a poner fin a la protección otorgada a cerca de 350,000 ciudadanos venezolanos.
El gobierno de Trump ha buscado limitar el TPS desde su primer mandato, argumentando que las condiciones extraordinarias que motivaron su implementación han cambiado en muchos de los países beneficiarios.
En su momento, intentó cancelar el programa para otras nacionalidades como El Salvador, Haití, Nepal y Sudán, aunque varias de estas decisiones enfrentaron demandas y fueron suspendidas por tribunales federales.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de estas decisiones, señalando el impacto humanitario y económico que podría generar el regreso forzoso de miles de personas a países que, en su opinión, aún enfrentan desafíos importantes en materia de seguridad, pobreza y gobernabilidad.
Abogados de inmigración recomiendan a los beneficiarios del TPS explorar otras vías legales disponibles, como solicitudes de residencia permanente a través de familiares, procesos de asilo o permisos especiales de salida y reingreso, antes de que finalice el plazo de protección.
Por el momento, se espera que diversas organizaciones presenten acciones legales para intentar frenar la medida en tribunales, tal como ocurrió con otras cancelaciones previas del TPS.