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Guatemala–Las protestas que mantienen bloqueadas varias carreteras en Guatemala cumplieron cuatro días consecutivos este 26 de marzo, generando afectaciones en la movilidad de personas y en el traslado de mercancías en distintos puntos del país.
Las manifestaciones surgieron en rechazo al incremento en los precios de los combustibles y a la implementación de un sistema limitador de velocidad. Uno de los puntos más impactados es el kilómetro 245 de la ruta al Atlántico, en la aldea La Ruidosa, municipio de Morales, Izabal, donde el paso ha permanecido interrumpido por largas horas, provocando congestión vehicular.
Durante jornadas anteriores también se reportaron bloqueos en tramos de Chiquimula y Jutiapa, así como movilizaciones de transporte pesado hacia la capital.
Ante este escenario, distintas gremiales empresariales expresaron su rechazo a las medidas de hecho y pidieron la intervención de las autoridades para restablecer la circulación.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) señaló que el cierre en la ruta al Atlántico impacta directamente las actividades productivas, al tratarse de un corredor clave para el traslado de exportaciones hacia los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, así como para el abastecimiento de combustibles e insumos.
Según la gremial, por esa vía circulan diariamente alrededor de 1,500 contenedores, por lo que la interrupción prolongada genera pérdidas económicas y afecta la cadena logística.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Guatemala calificó los bloqueos como ilegales y advirtió sobre pérdidas millonarias, al tiempo que solicitó una acción inmediata de las autoridades para garantizar derechos como la libre locomoción, el comercio y el trabajo.
En la misma línea, la Cámara del Agro indicó que las restricciones en las carreteras afectan la salida de productos perecederos, comprometen el abastecimiento nacional y elevan los costos logísticos.
Las organizaciones coincidieron en pedir al Ejecutivo, al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil que liberen las rutas bloqueadas y restablezcan el orden público, mientras instaron al Ministerio Público a investigar los hechos y deducir responsabilidades.
Entre los principales efectos señalados por el sector productivo se encuentran la interrupción del comercio, el riesgo en el suministro de combustibles y alimentos, y el impacto en la economía nacional.