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ElSalvador—El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador resolvió enviar a juicio al exdiputado del FMLN y expresidente de la Asamblea Legislativa, Othón Sigfrido Reyes Morales, acusado de los delitos de lavado de dinero y peculado.
Durante la audiencia preliminar, celebrada desde el pasado 29 de abril y concluida el viernes 23 de mayo, el tribunal decidió sobreseer de forma definitiva el proceso relacionado con la supuesta compra fraudulenta de terrenos pertenecientes al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), cuyo valor rondaba los $395,317.25. Esta acusación, según el abogado defensor Pedro Cruz, fue el origen de la investigación contra Reyes.
“El caso de IPSFA quedó completamente sobreseído, lo cual consideramos un logro relevante en esta etapa del proceso”, afirmó Cruz.
No obstante, Reyes enfrentará juicio por la presunta apropiación indebida de $126,609.13 en concepto de viáticos de la Asamblea Legislativa. La Fiscalía General de la República (FGR) sostenía inicialmente que el desvío se extendía por un periodo de nueve años, pero el juzgado redujo ese rango a cuatro años y medio, comprendido entre 2011 y 2016.
El abogado explicó que, aunque el cargo de lavado de dinero se mantiene, se abordará como una consecuencia del peculado. “Ahora iremos a juicio con una acusación más depurada y confiamos en lograr una resolución favorable”, agregó Cruz, destacando la solidez de sus pruebas periciales y testimoniales.
Además de Reyes, otras personas también fueron enviadas a juicio: su esposa, Susi Melba Rodríguez; su hermano, Earle Reyes Morales; su exasesor, Byron Enrique Larrazábal; y el exgerente general del IPSFA, René Díaz Argueta, este último por el delito de incumplimiento de deberes.
Una exempleada de la Corte de Cuentas también enfrentará juicio por falsedad documental. Mientras tanto, otros cuatro imputados —entre ellos exempleados de la Corte Suprema de Justicia y del IPSFA— fueron exonerados de los cargos.
Según la FGR, el caso incluye una acusación más amplia de lavado de dinero que involucraría un monto de $6.5 millones presuntamente movidos a través de ocho sociedades vinculadas a los procesados.
El proceso pasará ahora a la etapa de vista pública, donde se valorarán las pruebas presentadas por ambas partes.