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ElSalvador—Este lunes 12 de mayo, se dio a conocer la muerte del empresario Roberto Jaco, gerente y fundador de la empresa Seisabus, quien había sido detenido días atrás por supuestamente negarse a acatar una disposición presidencial que ordenaba brindar transporte público gratuito durante el cierre vial en la zona de Los Chorros.
Su fallecimiento, rodeado de contradicciones y sin confirmación oficial sobre las causas, ha encendido las alarmas dentro del gremio del transporte colectivo.
La noticia fue confirmada por la Mesa Nacional de Transporte, cuya dirigencia señaló que Jaco falleció mientras permanecía bajo custodia en las bartolinas del sistema 911 en Santa Ana, según informacion de Diario EL Mundo. Sin embargo, otras fuentes afirman que el empresario fue liberado poco después de su detención y que murió más tarde, tras ser llevado a una clínica del Seguro Social debido al deterioro de su salud.
Pese a la gravedad del caso, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial. La Policía Nacional Civil (PNC) no incluyó a Jaco en la lista de transportistas detenidos publicada la semana pasada, a pesar de que dirigentes del sector aseguran que fue arrestado junto a otros empresarios en el marco del operativo ordenado por el presidente Nayib Bukele.
La medida presidencial exigía que todas las unidades del transporte colectivo operaran gratuitamente entre el 5 y el 11 de mayo, en respuesta al colapso del tramo Los Chorros de la carretera Panamericana. La orden fue implementada sin diálogo previo con los empresarios y generó controversias por las pérdidas económicas que implicaba. Aquellos que no cumplieron fueron detenidos bajo cargos administrativos.
La empresa Seisabus lamentó el fallecimiento mediante una esquela en redes sociales, sin ofrecer más detalles. En el mensaje se destacó el legado de Jaco como fundador y su compromiso con el transporte público en Santa Ana.
Las rutas administradas por Jaco —la 201, que conecta Santa Ana con San Salvador, y la 50, que recorre entre el centro santaneco y El Congo— quedaron bajo la administración de sus colaboradores, quienes han exigido respeto al debido proceso y transparencia en las acciones del Estado.
Con al menos 14 transportistas detenidos durante la semana del operativo, el caso de Jaco marca un punto crítico en la relación entre el Ejecutivo y el sector transporte. La ausencia de una versión oficial sobre su muerte y las contradicciones entre lo que se sabe públicamente plantean interrogantes sobre las condiciones de las detenciones, el acceso a atención médica y los protocolos de custodia.
Organizaciones civiles han empezado a pedir una investigación independiente, mientras algunos abogados advierten que este podría ser un caso de detención arbitraria con consecuencias fatales. Mientras tanto, el gremio permanece en alerta, temeroso de nuevas capturas y a la espera de justicia para uno de sus líderes más reconocidos.