Redacción por Fredy Ortiz
Este 24 de febrero, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó la investigación que analiza la situación de la defensa y respeto de los derechos humanos durante el año 2020 en El Salvador.
La fundación destaca que se hace un énfasis en la gestión del gobierno central, en atención a la innegable influencia que tiene todo su gabinete de gobierno en la satisfacción o no, de los derechos humanos de la población.
Asimismo, explican que se hace un breve estudio conceptual básico sobre derechos humanos, en la conciencia inequívoca, de la necesidad que hay en muchos sectores de la población de conocerlos y ponerlos en práctica, en especial si son personas que se desempeñan en altos cargos de gobierno y que, sus históricos intereses no han sido precisamente, la defensa y el respeto de los derechos humanos integrales.
“El inicio del año 2020 fue una continuación de una confrontación permanente del Órgano Ejecutivo por parte del sr. presidente y de sus ministros principalmente con la Asamblea Legislativa pero también se suscitó con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, expresó la directora de fortalecimiento institucional del estado transparencia y anticorrupción de FESPAD, Loida Robles.
Estas declaraciones se fundamentan a través de lo que realizó el presidente de la republica el pasado 09 de febrero donde llegó a la Asamblea Legislativa acompañado por un despliegue militar y policial, considerando como un acto de violencia institucional.
De igual manera el coordinador de Programa Seguridad y Justicia Penal de FESPAD, Héctor Carrillo dijo: “Capturas ilegales que derivaron en muchos casos, el confinamiento arbitrario sin ninguna atención adecuada para las personas, no había pruebas para las personas que eran retenidas ilegalmente y tampoco se les informaba adecuadamente de sus estados de salud. Circularon denuncias de malas atenciones que derivaron en muerte incluso”.
Por su parte el director ejecutivo de FESPAD, Saul Baños expresó: “Me quiero referir a la libertad de pensamiento es algo que no teníamos en riesgo después de la firma de los acuerdos de paz donde podía pensar y expresar libremente su pensamiento, por supuesto la libertad de expresión, la libertad de transito que fue sumamente restringida de manera inconstitucional porque así lo determinó el máximo tribunal constitucional”.
Sin embargo, ante estas violaciones que se dieron en el año 2020, Baños considera que “Estos derechos pueden estar en riesgo en el país”, ya que los funcionarios públicos desconocen sobre temas de Derechos Humanos y de la Constitución de la República.
