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ElSalvador—La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una condena de 18 años de cárcel para la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano, acusada de múltiples delitos relacionados con el manejo irregular de fondos municipales, incluyendo la apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y el incumplimiento de deberes.
La solicitud fue presentada ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde se desarrolla la etapa final del juicio. La Fiscalía también solicitó una multa de 100 días por el delito de malversación, además de una responsabilidad civil por más de $282,000 para Montano y otros imputados.
Según detalló el abogado de la exalcaldesa, Miguel Ángel Cárcamo, el Ministerio Público solicita:
• 8 años por apropiación o retención de cuotas laborales,
• 8 años por incumplimiento de deberes,
• 2 años por infracción de condiciones laborales o de seguridad social,
• y una multa de 100 días por malversación de fondos.
Cárcamo manifestó su desacuerdo con las penas solicitadas, argumentando que los delitos atribuidos a su defendida son de carácter doloso, pero que durante el juicio se ha demostrado que la alcaldía enfrentaba una crisis financiera que hacía imposible cumplir con las obligaciones salariales.
“La misma Corte de Cuentas y la Superintendencia del Sistema Financiero concluyeron que la alcaldía no tenía capacidad de pago”, afirmó el defensor.
Durante la vista pública también compareció un perito que confirmó haber elaborado informes sobre la autenticidad de firmas en declaraciones juradas atribuidas a Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los procesados. El experto concluyó que las firmas no eran de Baires, lo que fue resaltado por su abogado, Jaime Cárcamo, como un punto clave para su defensa.
En este proceso también están siendo juzgados: Ricardo Roque Baires (abogado), acusado de falsedad ideológica y negociaciones ilícitas, Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera), procesada en calidad de ausente, Salvador Orlando Montano Méndez (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Hernández (exgerente financiero), señalados por apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación y actos arbitrarios.
De acuerdo con la acusación fiscal, los impagos a empleados municipales ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2022, lo que generó protestas por parte de sindicatos que exigían el pago de salarios, bonos y aguinaldos atrasados.
Montano fue capturada el 28 de diciembre de 2023 dentro de las instalaciones de la comuna, tras varios días de protestas. Según un exconcejal que declaró como testigo, durante su gestión se autorizaron gastos excesivos, incluyendo $800,000 para las fiestas patronales y $150,000 para la presentación de un artista internacional, todo sin justificación adecuada.
La audiencia continuará este viernes con la presentación de los alegatos finales y el derecho a la última palabra por parte de los imputados.