El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo de 40 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para El Salvador, otorgando acceso a aproximadamente $1,400 millones.
Este programa tiene como objetivo respaldar la agenda de reformas del gobierno salvadoreño, abordar los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia.
La aprobación del acuerdo permite un desembolso inmediato de alrededor de $113 millones. Además, se espera que este programa catalice apoyo financiero multilateral adicional, conformando un paquete de financiamiento global combinado de más de $3,500 millones durante el período del programa.
Uno de los aspectos clave del acuerdo es la regulación del uso de Bitcoin en el país. El FMI ha instado al gobierno salvadoreño a limitar su participación en actividades económicas relacionadas con esta criptomoneda, haciendo que su aceptación en el sector privado sea voluntaria y asegurando que los impuestos se paguen únicamente en dólares estadounidenses. Además, se planea reducir gradualmente la participación gubernamental en la billetera digital Chivo.
El programa también contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del PIB en tres años, buscando reducir el endeudamiento y fortalecer las reservas internacionales. Se implementarán medidas para aumentar los ingresos y racionalizar el gasto público, protegiendo al mismo tiempo el gasto social y en infraestructura prioritaria.
Nigel Clarke, Subdirector Gerente y Presidente Interino del FMI, destacó que la economía salvadoreña ha mostrado expansión gracias a remesas sólidas, crecimiento en el turismo y mejoras en la seguridad. Sin embargo, enfatizó la necesidad de abordar los desequilibrios macroeconómicos existentes, derivados de un elevado endeudamiento y reservas externas limitadas.
Este acuerdo representa un paso significativo para El Salvador en su esfuerzo por estabilizar su economía y fortalecer la confianza de los inversionistas, mediante la implementación de reformas estructurales y la promoción de una mayor transparencia en la gestión pública.