Un juez de Ohio suspendiera las nuevas reglas del Gobierno del presidente Joe Biden sobre indocumentados el martes, por lo que los inmigrantes que están en proceso de deportación o tienen órdenes de deportación vigentes deben buscar asesoría legal de inmediato.
El dictamen refiere a que el gobierno federal no tiene la autoridad para modificar las leyes de aprehensión, detención y deportación de extranjeros que el Congreso de EEUU bajo el debido proceso legislativo.
El fallo emitido bloquea la Sección 2 del memorando emitido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, fechado el 30 de septiembre 30 de 2021, donde establece las nuevas prioridades de deportación que los oficiales tienen que evaluar en los diferentes casos para proceder a la expulsión de un extranjero.
Por lo tanto, la decisión judicial fue en respuesta a una demanda presentada por los estados de Arizona, Montana y Ohio, gobernados por republicanos, quienes alegan que el gobierno violó la ley al modificar y establecer las prioridades de deportación, sobre todo de aquellos indocumentados que tienen una orden de expulsión vigente.
Los demandantes fustigaron el memorando de Mayorkas y señalaron que el cambio de prioridades corresponde al presidente en uso de sus poderes ejecutivos.
Dentro del fallo hay tres prohibiciones con respecto a las acciones que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y cualquier personal relacionado con procesos contra indocumentados, informan los medios estadounidenses.
La primera es tomar en consideración la Sección II de la Guía Permanente (titulada “Prioridades de inmigración civil”), “para tomar, determinar o adjudicar decisiones de custodia de no ciudadanos pendientes de procedimientos de deportación”.
Esa guía impulsada por el secretario Alejandro Mayorkas –y que entró en vigor el 29 de noviembre pasado–, se pide a los agentes migratorios enfocar sus esfuerzos en personas con récord criminal o que sean una amenaza a la seguridad nacional. La orden del juez obliga a que haya proceso contra cualquier indocumentado.
Además de que no podrán hacer cumplir e implementar la Sección II de la Guía Permanente “para demorar, continuar o suspender la ejecución de la orden final de expulsión de un no ciudadano”, si es que no existe otra disposición legal que justifique la presencia continua del inmigrante en los Estados Unidos más allá del periodo establecido.
Ante este contexto, los expertos legales hacen un llamado a los inmigrantes en riesgo de deportación a pedir asesoría de inmediato con un juez.
