El Ministerio Público abrió cuatro líneas de investigación de presuntos actos de corrupción que involucran a diputados y exdiputados.
Agentes del Ministerio Público (MP, fiscalía) de Honduras incautaron el jueves documentos en la sede del Congreso como parte de una investigación contra diputados acusados de supuesta corrupción, informaron fuentes oficiales.
“He ordenado ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional para el secuestro de documentación relevante vinculada a casos de corrupción gestados en ese poder del Estado”, anunció el fiscal general, Johel Zelaya, en la red social X, sin dar detalles del caso ni de los implicados de los partidos políticos.
Adán Tomé, asesor del presidente del Congreso, Luis Redondo y tres miembros de la seguridad fueron detenidos «por obstruir» el trabajo de los expertos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pero luego quedaron en libertad, según el MP.
Redondo, oficialista, escribió en X que entregará «toda la información que esté en el Congreso» para «erradicar la corrupción de raíz», pero se quejó de la forma en la que actuó la fiscalía.
“Nos causa extrañeza la forma de proceder de algunos funcionarios del Ministerio Público, lo cual transmite un mensaje equivocado de que el Congreso Nacional se rehúsa a colaborar, cuando la verdad es completamente opuesta”, publicó en otro tuit.
El diputado del oficialista partido Libertad y Refundación (LIBRE, de izquierda) Bartolo Fuentes dijo a la AFP que la fiscalía investiga 34 casos en que están acusados decenas de diputados de administraciones pasadas (2014-2018 y 2018-2022). Según Fuentes, se trata de diputados —de los opositores y derechistas Partido Nacional (PN) y Partido Liberal (PL)— acusados de usar un fondo destinado a obras en las comunidades para financiar sus campañas políticas o gastos personales.
La fiscalía había presentado acusaciones formales en esos años, pero entonces no prosperaron y Zelaya, que asumió como fiscal en noviembre de 2023, ha reabierto los casos.
La primera línea, bautizada como “Subvenciones”, es encabezada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Se refiere a la entrega de fondos a los diputados para realizar proyectos y ayudas sociales; sin embargo, no son liquidados, por lo que sospechan que existe un drenaje de dinero público.
Las otras tres líneas de investigación están vinculadas a la entrega del denominado Fondo Departamental durante la pasada administración legislativa, que dirigió el exdiputado Mauricio Oliva.
Luis Redondo asumió como titular del Poder Legislativo en 2022 y en ese período se activó la entrega de subvenciones para diputados.
Solamente en ese año, de acuerdo con datos del Congreso Nacional, Redondo repartió entre los diputados oficialistas más de 100 millones de lempiras por concepto de subsidios para la ejecución de proyectos comunitarios y sociales. Mientras que entre 2023 y 2024, Redondo entregó alrededor de 315 millones de lempiras. Aunque la cifra puede ser aún mayor, pero el Congreso no actualiza su Portal de Transparencia desde agosto pasado.
El organismo fiscal en comunicado de prensa informó: “El Ministerio a través de la Fetccop y la Agencia Técnica de Investigación Criminal
ingresaron al Congreso Nacional para decomisar documentación relacionada con irregularidades denunciadas en el año 2022”.