La Fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha asegurado este lunes que los bloqueos en las carreteras en el marco de las protestas son «acciones ilegales» que vulneran los derechos de la población guatemalteca y que serán investigados por la Fiscalía.
«Dentro del marco de la ley, reconozco el derecho a manifestarse, pero en este momento un grupo de guatemaltecos están aprovechándose de dicho beneficio constitucional», ha resaltado, agregando que está «obligada a investigar todos los hechos denunciados».
En este sentido, ha destacado que la Fiscalía no hará distinciones ni discriminaciones con respecto a la investigación y persecución de estos delitos, «independientemente de los momentos nacionales». Porras también ha recordado que la Corte de Constitucionalidad ha emitido dos amparos para que los funcionarios actúen de forma inmediata.
«Desafortunadamente, hasta el momento, no se ha visto el cumplimiento de dichas resoluciones, razón por la cual el Ministerio Público ya accionó legalmente, ante el incumplimiento de lo ordenado por el alto tribunal constitucional», ha agregado.
Porras ha recordado que la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos no se puede aplicar «discrecionalmente». «Es urgente que las autoridades competentes asuman su responsabilidad», ha dicho, haciendo un llamamiento a las autoridades para garantizar el Estado de Derecho.
«Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito. Ustedes como autoridades tienen la obligación y capacidad para resolver esta problemática», ha señalado, instando así a que se tomen acciones para lograr «la armonía, la paz y la reconciliación».
Las manifestaciones están protagonizadas fundamentalmente por sectores indígenas, civiles y estudiantes, que exigen la dimisión de Porras, así como la del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana.
Las protestas estallaron después de que el Ministerio Público realizase nuevos registros en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los que incautaron las actas de las elecciones presidenciales, ganadas por el actual presidente electo, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.
