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España–Una joven de 25 años, identificada como Noelia, falleció este jueves en España tras someterse a un procedimiento de eutanasia, luego de un proceso judicial que se prolongó por casi dos años y que incluyó múltiples recursos legales.
El caso se desarrolló en Barcelona y tuvo lugar en un hospital de Sant Pere de Ribes, donde finalmente se ejecutó la muerte asistida, según informaron organizaciones vinculadas al proceso.
Noelia, quien tenía una condición de paraplejia, había solicitado la eutanasia desde 2024. Su petición fue evaluada y posteriormente avalada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya en julio de ese mismo año.
El procedimiento avanzó pese a la oposición de su padre, quien presentó diversos recursos judiciales argumentando que la joven no contaba con la capacidad necesaria para tomar la decisión, basándose en antecedentes de tipo psíquico.
En marzo de 2025, una jueza autorizó la eutanasia, lo que dio paso a nuevas apelaciones. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirmó la resolución al considerar que las evaluaciones no respaldaban los argumentos del progenitor.
Posteriormente, en enero de 2026, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el padre y validó la legalidad del procedimiento. La decisión también fue ratificada por el Tribunal Constitucional, agotando las instancias judiciales en el país.
El caso llegó además al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que denegó medidas cautelares solicitadas para suspender la eutanasia.
De acuerdo con los informes incluidos en el proceso, distintos especialistas en áreas como psicología clínica, psiquiatría y neuropsicología concluyeron que la joven comprendía la magnitud de su decisión y que su solicitud fue realizada de forma libre, sin influencia externa.
Los peritajes también establecieron que no presentaba alteraciones cognitivas que limitaran su capacidad de decidir, aunque sí padecía un sufrimiento constante derivado de su condición médica.
El caso generó reacciones a nivel internacional. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció en contra del procedimiento y cuestionó el rol de organizaciones vinculadas a derechos humanos en este tipo de situaciones.