Las autoridades del departamento de Totonicapán, de mayoría indígena, han descartado el diálogo con la Fiscalía para levantar los bloqueos en el marco de las protestas contra las acciones del Ministerio Público contra el Movimiento Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo, y han asegurado que las manifestaciones continuarán a menos que la fiscal general, Consuelo Porras, dimita.
Los líderes de los 48 cantones comunales indígenas quichés de Totonicapán han mantenido una serie de conversaciones con el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos –las cuales se han saldado sin éxito– tras convocar un paro nacional en señal de rechazo de las acciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en relación con las elecciones del pasado mes de junio.
El presidente de los 48 cantones comunales, Luis Pacheco, ha cuestionado la manera de proceder de la entidad y la ha acusado de «secuestrar urnas electorales» durante un registro en la sede del TSE, al tiempo que ha acusado al Feci de abuso de poder.
«Hubo agresiones a funcionarios públicos, que son los magistrados, y eso también es delito», ha denunciado en relación con la solicitud presentada por los fiscales para lograr la retirada de inmunidad de los miembros del TSE, algo que ha sido tildado por los manifestantes como un intento de socavar la democracia.
En este sentido, ha aclarado que «no promete terminar con las protestas hasta que Porras presente su renuncia porque es exigente del pueblo y estamos en representación del pueblo».
Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público, ha afirmado que se le está dando seguimiento a las denuncias presentadas y que, no obstante, los resultados electorales no cambiarán dado que ya han sido oficializados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«Desde la perspectiva del Ministerio Público, se ha respetado el debido proceso desarrollado en la ley para las diligencias de registro, que está detallado en el Código Penal», ha afirmado Pineda antes de instar a presentar una denuncia «con la evidencia respectiva para que se determine si hubo algún mal proceder» a quienes estimen que se pudo haber cometido algún delito.
Mientras tanto, los bloqueos continúan en Guatemala para exigir las renuncias de Porras, del jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, a los que Arévalo ha acusado de tratar de llevar a cabo un «golpe de Estado» en el país.
