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LosÁngeles—La reciente oleada de operativos migratorios en el área metropolitana de Los Ángeles, en los que agentes federales han sido señalados por actuar con tácticas enmascaradas y sin identificación visible, ha motivado la presentación de un proyecto de ley en California que busca exigir transparencia y responsabilidad durante estos procedimientos.
Desde el 6 de junio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llevan a cabo redadas con el objetivo de arrestar y deportar inmigrantes indocumentados en Los Ángeles y el sur de California. Estos operativos, que ya se encuentran en su tercera semana consecutiva, han generado un clima de miedo y desconfianza en las comunidades latinas y asiáticas, afectando incluso la vida cotidiana de los residentes, quienes han reportado cierres de comercios y una sensación similar a un confinamiento social.
El detonante para que legisladores estatales impulsaran la nueva normativa fue el video del 21 de junio en Santa Ana, donde varios agentes federales, con el rostro cubierto y sin placas visibles, sometieron con violencia al jardinero mexicano Narciso Barranco. En las imágenes se observa cómo los oficiales rociaron gas pimienta, golpearon y sujetaron al hombre contra el asfalto mientras transeúntes filmaban la escena. Barranco, de 48 años, ha vivido en Estados Unidos por más de 30 años y es padre de tres hijos nacidos en el país, dos de ellos en servicio activo en el Cuerpo de Marines. Su familia y testigos cuestionan la versión oficial del Departamento de Seguridad Interior (DHS), que afirmó que Barranco blandió una podadora contra un agente y se negó a identificarse o aceptar asistencia médica.
La senadora estatal demócrata Sasha Renée Pérez presentó el 23 de junio el proyecto de ley SB 805, conocido como “No Vigilantes Act”. Esta iniciativa exige que todos los agentes que participen en operativos migratorios dentro de California, incluidos los federales, porten visible y claramente su nombre o número de placa, y prohíbe la intervención de cazarrecompensas en estas acciones. Además, facultaría a las autoridades estatales y locales a exigir identificación a cualquier persona que alegue ser agente en caso de sospecha de suplantación.
“En un mundo normal esta ley sería innecesaria, pero vivimos tiempos extraordinarios. La gente merece saber quién la detiene”, afirmó Pérez en conferencia de prensa, destacando que las prácticas actuales, en las que agentes encapuchados y vehículos sin distintivos oficiales llevan a cabo detenciones, generan miedo y confusión en las comunidades.
Por su parte, el ICE ha defendido el uso de pasamontañas como una medida para proteger a sus agentes y sus familias de posibles represalias, señalando que la seguridad del personal es una prioridad. Sin embargo, activistas como Angelica Salas, directora de CHIRLA, advierten que la falta de identificación dificulta la denuncia de abusos y contribuye a la proliferación de delincuentes que se hacen pasar por oficiales para extorsionar o agredir a inmigrantes.
El SB 805 deberá pasar por el Comité de Seguridad Pública del Senado estatal. Si es aprobado y recibe la firma del gobernador Gavin Newsom, entraría en vigor el 1 de enero de 2026. Líderes comunitarios confían en que la atención pública generada por casos como el de Barranco acelere su aprobación, aunque las autoridades federales han señalado que continuarán enfocando sus operativos en personas con antecedentes penales graves, pese a reportes de detenciones de individuos sin historial criminal en las últimas semanas.
Mientras tanto, la familia de Narciso Barranco continúa buscando asistencia legal y médica para el jardinero, actualmente recluido en un centro de detención en Los Ángeles. Su hijo Alejandro resumió el sentir de muchos inmigrantes en la región: “Amamos este país y lo servimos; solo pedimos que quien nos arreste muestre quién es”.