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ElSalvador–En un fallo judicial que marca un precedente en la historia política de El Salvador, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador emitió este martes una sentencia condenatoria contra el exalcalde de la capital, Ernesto Muyshondt, y los exministros Benito Lara y Arístides Valencia, junto al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado, por su participación en negociaciones con estructuras pandilleriles durante los procesos electorales de 2014 y 2015.
Las penas impuestas son significativas, reflejando la gravedad de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas por las que fueron hallados culpables.
El exalcalde Muyshondt, miembro del partido Arena, fue sentenciado a 18 años de prisión, mientras que los exministros Benito Lara (exministro de Seguridad) y Arístides Valencia (exministro de Gobernación), ambos vinculados al FMLN, recibieron una pena de 28 años de cárcel. El comunicador social Paolo Lüers y el quinto imputado, Wilson Alvarado, fueron condenados a 18 años de prisión cada uno.
El proceso judicial, que se ha desarrollado a lo largo de varios años, culminó con una resolución que da crédito a la tesis presentada por la Fiscalía General de la República (FGR): que líderes de dos de los principales partidos políticos del país, Arena y FMLN, entablaron comunicación y ofrecieron beneficios a cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18 a cambio de apoyo electoral.
El objetivo era claro: asegurar votos y controlar la influencia territorial de estos grupos criminales para inclinar la balanza en las elecciones presidenciales y municipales de aquel período.
La FGR basó gran parte de su acusación en el testimonio del testigo criteriado «Noé», un exmiembro de las estructuras criminales, cuyas declaraciones detallaron las reuniones y los acuerdos pactados.
Según la narración de «Noé» y la evidencia presentada, Muyshondt fue señalado de haber entregado la cantidad de $138,000 a los grupos delincuenciales, buscando obtener una ventaja en las urnas para su partido, particularmente en las candidaturas a la Asamblea Legislativa y la Alcaldía de San Salvador.
Durante el juicio, Muyshondt admitió haberse reunido con miembros de las estructuras, pero consistentemente negó haber concretado pacto alguno o la entrega de dinero. Sin embargo, el Tribunal desestimó esta defensa, argumentando que era «ilógico» que el exedil, a pesar de sus siete encuentros reconocidos con pandilleros, actuara de manera «inocente» al no percatarse de la identidad de las personas con las que se reunía, haciendo notar la apariencia y conducta de los cabecillas.
El Peso de las Pruebas y la Resolución del Tribunal
El fallo condenatorio del Tribunal enfatizó la gravedad de que actores políticos hayan priorizado la ganancia electoral por encima de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Los jueces indicaron que los acusados, «representando a partidos políticos, entregaron dinero, ofrecieron beneficios laborales, reinserción, realización de proyectos a favor de pandillas, reducción de operativos».
A cambio, los líderes criminales se comprometieron a ejercer «control para hacer conciencia en la población sobre la votación e infundir temor» en las comunidades bajo su influencia para favorecer a ciertos candidatos.
La justicia consideró que las reuniones, que sumaron al menos 17 encuentros entre los acusados del FMLN y Arena con líderes de la MS-13 y el Barrio 18, constituyeron el delito de agrupaciones ilícitas desde el mismo momento de su inicio.
La corte fue enfática al señalar que los imputados «no les importó negociar con terroristas que causaron terror a nuestro país», consolidando la figura de agrupaciones ilícitas al convertir a los participantes en parte de las estructuras delictivas.
Las investigaciones confirmaron que las negociaciones se extendieron durante las campañas de los candidatos presidenciales de 2014, Norman Quijano (Arena) y Salvador Sánchez Cerén (FMLN), así como para las elecciones de alcaldes y diputados de 2015.
El resultado de estos acuerdos ilícitos buscaba la coacción y manipulación del voto, asegurando el apoyo de los pandilleros y sus familiares, e incluso forzando a la población de diversas comunidades a votar por un partido específico.