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ElSalvador—Con 57 votos de la bancada oficialista, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos, que centraliza la administración de mercados intervenidos o construidos por el Órgano Ejecutivo y otorga al presidente de la República la facultad de nombrar a sus autoridades.
La nueva Dirección de Mercados Nacionales, adscrita presupuestariamente a la Presidencia, será responsable de adjudicar los puestos de venta, definir las tarifas de arrendamiento y sancionar a los comerciantes que incumplan la normativa.
La ley establece que los puestos no podrán ser subarrendados y que las municipalidades no podrán cobrar tasas ni contribuciones a los vendedores adjudicatarios, incluso en mercados dentro de sus territorios si fueron intervenidos por el Ejecutivo.
Además, las alcaldías deberán ceder en comodato por 50 años renovables los mercados intervenidos o remodelados por el gobierno central, los cuales serán declarados de utilidad pública e interés social.
Aunque el proyecto original contemplaba criterios como tamaño del puesto, ubicación o flujo de personas para fijar las tarifas, estos fueron eliminados, así como la posibilidad de adjudicación por subasta. La asignación de espacios priorizará a comerciantes que previamente ocuparon los locales y a grupos en situación de vulnerabilidad, según el artículo 31.
La Dirección podrá revocar adjudicaciones, imponer sanciones, notificar a la Fiscalía en casos de irregularidades y garantizar servicios básicos, vigilancia e infraestructura adecuada. También tendrá la facultad de contratar deuda interna y externa para financiar sus operaciones.
Sistema nacional y registro digital
La Dirección creará un Sistema Informático para la Administración de Mercados (SIAM), que incluirá un registro único de puestos y locales, con datos sobre su estado, situación jurídica y los comerciantes que los ocupan.
Los mercados deberán estar organizados por secciones según los productos ofrecidos, y cualquier modificación estructural deberá ser autorizada por la Dirección. Las mejoras quedarán como patrimonio del mercado.
Durante la discusión legislativa, diputados oficialistas defendieron la reforma argumentando que los mercados habían sido controlados por pandillas bajo gestiones anteriores. “Es hasta ridículo defender un sistema que nunca funcionó”, expresó el presidente de la Asamblea. Señaló que en el pasado no hubo orden ni justicia en la asignación de puestos y que las extorsiones eran la norma.
En contraste, la oposición cuestionó que la ley viola la autonomía municipal y denunciaron que responde a una estrategia para debilitar a las alcaldías y concentrar el poder en las gobernaciones departamentales.
Uno de los mercados intervenidos por el Ejecutivo es el San Miguelito, destruido por un incendio en septiembre de 2021. Su reconstrucción fue adjudicada inicialmente a la empresa mexicana Gallo Hermanos por $33.6 millones, pero posteriormente fue asumida por la firma argentina IME S.A. de C.V., especializada en estructuras metálicas.