Bajo el marco del proyecto Respuesta Trinacional para una Movilidad Humana Digna, Pacífica e Inclusiva en el Norte de Centroamérica, financiado por el Fondo de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó una serie de talleres, entre noviembre y diciembre, relacionados al tema de violencia de género y derechos humanos, dirigidas al Consejo Nacional para la Protección de la Persona Migrante y su Familia (Conmigrantes).
En ese sentido, se pudo elaborar un protocolo para la atención de violencia en la institución, asímismo, los participantes declararon que este tipo de actividades «amplían sus capacidades técnicas y de conocimientos, para abordar los casos de la mejor manera posible y dar una mejor respuesta a las víctimas.
Por otro lado, también se abordaron temáticas actuales como el autocuido para prevención de contagios de COVID-19; tópicos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección para las Mujeres, y el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia.
Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, entre 2016 y 2019, más de 800,000 personas fueron retornadas a Guatemala, Honduras y El Salvador, de los cuales 13.3% fueron mujeres, 10.8% niños, y 5.8% niñas.
Las mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados, y personas LGBTIQ son los que están expuestas a situaciones de violencia y vulneración de derechos, lo que requiere estrategias para promover, proteger y hacer cumplir los derechos humanos de todas las personas migrantes.
En las jornadas de trabajo se contó con la participación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Médicos del Mundo y el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide).
