Mié. Sep 10th, 2025

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EEUU—Las detenciones masivas de trabajadores migrantes en obras de construcción están causando una grave escasez de mano de obra, retrasos en proyectos clave y un aumento en los costos de vivienda, según expertos.

Florida, Luisiana y otros estados del sur de EE. UU. enfrentan una creciente crisis en el sector de la construcción debido a redadas migratorias impulsadas por autoridades federales y respaldadas por gobiernos estatales. En las últimas semanas, más de 100 migrantes —principalmente originarios de México, Centroamérica y Colombia— fueron detenidos en operativos en obras en ciudades como Tallahassee y The Villages, lo que ha generado un clima de temor entre los trabajadores.

La industria de la construcción en Estados Unidos depende en gran medida de la mano de obra migrante. A nivel nacional, el 25% de los trabajadores del sector son inmigrantes, y en áreas urbanas como Miami esa proporción alcanza hasta el 75%, según datos del American Immigration Council. De ellos, el 14% son indocumentados.

“Nosotros somos la fuerza que levanta este país. Sin latinos, esto se detiene”, expresó Aarón Pineda, un albañil hondureño con Estatus de Protección Temporal (TPS) en Miami. “Ahora vivimos con el temor constante de que nos lleven”.

Las consecuencias ya se sienten: numerosos trabajadores han dejado de asistir a las obras por miedo a ser deportados, provocando retrasos en proyectos clave, en momentos en que el sector necesita con urgencia personal. La Asociación Nacional de Constructores estima que se requerirán al menos 454,000 nuevos empleados en 2025 para cubrir la demanda actual.

Ned Murray, investigador de la Universidad Internacional de Florida (FIU), advierte que estas medidas intensifican la crisis de vivienda en el estado, donde el déficit de unidades habitacionales ya supera los 3.7 millones a nivel nacional. “La construcción es la industria más vulnerable. Sin migrantes, los precios seguirán disparándose y se frenará el desarrollo urbano”, aseguró.

Mientras tanto, el gobernador Ron DeSantis y el fiscal estatal James Uthmeier defienden las redadas como un acto de cumplimiento legal. “Florida está liderando el apoyo a la política migratoria federal”, declaró Uthmeier tras la más reciente operación.

Sin embargo, organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) denuncian un “clima de persecución” que amenaza no solo a familias migrantes, sino también a la economía local. “Si ahuyentamos a quienes trabajan bajo el sol en Florida, ¿quién levantará las casas que tanto necesitamos?”, cuestionó Thomas Kennedy, analista de FLIC.

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