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Guatemala-–Según los registros oficiales del Ministerio de Gobernación (Mingob), septiembre de 2025 se ubicó como uno de los meses más seguros de los últimos diez años, reflejando una reducción significativa en los índices de criminalidad.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, junto al director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, brindaron detalles sobre la situación de seguridad en el país durante una intervención en el programa La Ronda. Ambos resaltaron los avances logrados gracias a operativos coordinados y al trabajo conjunto entre el Mingob y la PNC.
Al comparar los datos con los registrados desde 2015, se observa una tendencia a la baja en la comisión de hechos delictivos. Las autoridades atribuyen estos resultados al fortalecimiento de la presencia policial, el uso de inteligencia estratégica y la implementación de acciones específicas para desarticular estructuras criminales.
En materia de pandillas, los informes oficiales señalan la existencia de al menos 4,899 grupos activos, conformados por aproximadamente 12,000 miembros. De ellos, el Sistema Penitenciario ha identificado a 3,000, un avance que permite un mayor control y seguimiento de las personas involucradas en actividades delictivas.
El informe también destaca que cerca del 90 % de las cuentas bancarias utilizadas por las pandillas pertenecen a mujeres, quienes en algunos casos continúan facilitando su uso desde prisión. Las autoridades consideran este fenómeno un reflejo del control que estas organizaciones ejercen sobre ciertos sectores de la población y trabajan en estrategias para cortar los canales financieros que sostienen sus operaciones.
El ministro Jiménez reconoció que persisten desafíos importantes en la lucha contra el crimen organizado, pero aseguró que las instituciones de seguridad mantienen una postura firme para desarticular las estructuras delictivas y consolidar la seguridad en todo el territorio nacional.
Con estas medidas, las autoridades buscan reducir la influencia de las pandillas, fortalecer la protección de las comunidades y continuar construyendo un entorno más seguro para la población guatemalteca.