El Gabinete de Seguridad, conformado por el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, Ministro de Defensa, René Merino Monroy y el Director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, presentaron nueva solicitud de prórroga del Régimen de Excepción a la Asamblea Legislativa.
Con la nueva solicitud, la Asamblea Legislativa aprobaría la novena prórroga del régimen de excepción, en esta ocasión se presentó con una reforma a la Ley Antiextorsiones, incorporando 2 figuras, una es el encubrimiento y el delito de financiamiento ilegal de organizaciones criminales, informó Villatoro.
“Se trata de familiares que encubren a terroristas para que vayan a cobrar la extorsión y se faculta al Estado a procesarlo independientemente de la relación de afinidad o consanguinidad que tenga”, agregó el Ministro de Seguridad.
Además, destacó que se les prohíbe a aquellas empresas, directivos, representantes legales catalogados como grandes o medianos contribuyentes, pagar extorsión a ninguna estructura criminal o se les sancionará penalmente.
“También presentamos una reforma a Ley Especial Anti Extorsiones, para garantizar que las grandes empresas no financien a estructuras criminales”, informa el titular de Seguridad.
Con la reforma a la Ley Especial Anti Extorsiones se prohíbe y sanciona penalmente de 5 a 8 años a aquellas empresas, directivos, representantes legales catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado de El Salvador a pagar extorsión a ninguna estructura criminal.
Por su parte, el Director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, destacó que hasta la fecha se han realizado más de 60 mil capturas con el régimen de excepción.
«Hablar del Régimen de Excepción es hablar de más de 60,000 personas que han sido debidamente justificadas y se han puesto a disposición del sistema judicial a través de la Fiscalía General de la República”, dijo Chicas.
Además, Chicas detalló que se registran más de 2,000 armas de fuego incautadas a las estructuras criminales y más de 2,000 vehículos que eran utilizados directamente “para movilizarse, atentar contra los bienes y la vida de los salvadoreños».
Dentro de las últimas medidas de seguridad, el Gobierno implementó el inicio de la fase 5 del Plan Control Territorial con el cerco de seguridad desplegado con 10 mil elementos de la Fuerza Armada y la PNC en Soyapango.
