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ElSalvador–Tres miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos un exagente, fueron inhabilitados por tres años para ejercer cargos públicos luego de ser hallados responsables de privar de libertad y agredir físicamente a un ciudadano durante una celebración en el distrito de Berlín, en Usulután Norte.
Los inhabilitados son Mario Orlando Soriano y José Luis Luna Zelaya, ambos asignados al puesto policial de Berlín, y Baltazar Antonio Castellón Argueta, quien ya no pertenece a la corporación.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2024. Ese día, los tres se encontraban brindando seguridad en una fiesta local cuando, sin justificación legal, capturaron a un ciudadano y lo trasladaron a la delegación policial.
Durante el tiempo que estuvo retenida —aproximadamente dos horas—, la víctima fue insultada y golpeada en distintas partes del cuerpo por los tres agentes. Posteriormente, fue liberada sin que existiera ninguna acusación formal en su contra.
“El ciudadano no había cometido ningún delito. Aun así, fue privado de su libertad y agredido físicamente por quienes debían protegerlo”, afirmó la FGR en su informe.
El proceso penal fue ventilado en el Juzgado de Sentencia de Usulután, donde se valoró prueba documental, pericial y testimonial, incluyendo la declaración anticipada de la víctima, quien actualmente reside en Estados Unidos.
Con base en esas pruebas, el tribunal determinó la participación directa de los tres acusados en los hechos y dictó la pena de inhabilitación por tres años, impedimento que les prohíbe ejercer cargos públicos durante ese período.
La FGR destacó que esta resolución reafirma su compromiso con las víctimas de abusos cometidos por funcionarios o agentes del Estado, y garantiza que tales actos no queden impunes.
“Este tipo de sentencias envía un mensaje claro: ninguna autoridad está por encima de la ley, y quienes abusan del poder serán llevados ante la justicia”, reiteró la institución.
Hasta el momento, ni la PNC ni los defensores de los procesados han emitido declaraciones públicas sobre la decisión judicial.