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EEUU–Un destacamento de la Guardia Nacional de Texas, compuesto por aproximadamente 200 efectivos, ha llegado al sur de Chicago como parte del despliegue ordenado por el Gobierno del presidente Donald Trump, con el objetivo de apoyar la aplicación de políticas migratorias en estados gobernados por demócratas, incluyendo Illinois y Oregón.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó a través de su cuenta en X que «la élite de la Guardia Nacional de Texas está en el terreno y lista para actuar», y señaló que los soldados «están garantizando que el Gobierno federal pueda aplicar la ley federal de manera segura».
Según Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, los soldados se concentrarán en la protección de instalaciones federales y en la respuesta rápida a posibles disturbios u otros eventos violentos. Esto permitirá que las fuerzas de seguridad federales puedan enfocarse en otras labores, como la implementación de políticas migratorias.
Bovino advirtió que sus efectivos actuarán incluso si la ciudad intenta mantener zonas «libres del ICE», en referencia a la orden ejecutiva del alcalde Brandon Johnson que prohíbe la presencia de agentes de inmigración en escuelas públicas y estacionamientos municipales. «No hay ningún santuario aquí en Chicago; seguiremos haciendo cumplir la ley», afirmó el funcionario.
El despliegue de tropas ha generado resistencia por parte de las autoridades locales y estatales. Chicago e Illinois presentaron una demanda contra la Administración de Trump, respaldada por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien previamente participó en un proceso similar que bloqueó el envío de efectivos federalizados a Oregón.
El presidente Trump autorizó el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a ciudades como Chicago y Portland, además de 300 efectivos de Illinois, a pesar de la oposición del gobernador JB Pritzker, quien calificó la medida de «invasión».
En medio de la controversia, Trump publicó en la red Truth Social que tanto el alcalde Johnson como el gobernador Pritzker «deberían estar en la cárcel» por no proteger a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades locales sostienen que la Casa Blanca se extralimita en sus competencias, mientras que el Gobierno federal defiende la medida como necesaria para garantizar la seguridad.
El despliegue coincide con un aumento en las redadas migratorias, lo que motivó la declaración de «zonas libres de ICE» en Chicago para restringir el acceso de agentes federales a propiedades municipales durante sus operaciones.