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EEUU–El Gobierno federal de Estados Unidos, ordenó el despliegue de 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas en los estados de Oregón e Illinois por un periodo inicial de 60 días.
La medida, autorizada por el presidente Donald Trump, se justifica en la necesidad de abordar la violencia y asegurar la aplicación de la ley en ciudades como Portland y Chicago. Sin embargo, el anuncio ha provocado una fuerte reacción del gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker, quien calificó el movimiento como una «invasión de Trump» y denunció la falta de aviso y coordinación por parte de la Casa Blanca.
La movilización de los efectivos fue formalizada este domingo a través de un memorando emitido por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y dirigido al ayudante general de la Guardia Nacional de Texas, Thomas Suelzer, mediante la coordinación con el gobernador republicano de Texas, Gregg Abbott.
El documento legal estipula que la orden tiene una vigencia inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga, y tiene como objetivo llevar a cabo «misiones de protección federal donde sea necesario». Las ciudades de Portland (Oregón) y Chicago (Illinois) han sido mencionadas explícitamente como áreas de operación.
El Gobierno de Washington D.C. ha fundamentado su decisión alegando que los «incidentes violentos, así como la amenaza creíble de violencia continua, impiden la aplicación de las leyes de Estados Unidos en Illinois, Oregón y otros lugares del país».
Esta justificación subraya una percepción de incapacidad o falla de las autoridades locales para controlar situaciones de orden público, lo que, según la administración Trump, requiere la intervención de fuerzas federales.
Aunque el memorando no detalla la distribución exacta de los 400 soldados entre Oregón e Illinois, sí especifica que los militares movilizados operarán bajo el mando y control del comandante del Comando Norte de Estados Unidos, Gregory Guillot.
Este detalle es crucial, ya que establece una cadena de mando federal, sustrayendo a los efectivos de la autoridad de los gobernadores estatales, lo que ha sido un punto central de la disputa política.
Fuerte Rechazo del Gobernador de Illinois
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, uno de los críticos más vocales de la administración Trump, reaccionó con vehemencia ante la noticia, enmarcando la acción dentro de una escalada de intervención federal en asuntos estatales.
«Debemos empezar a llamar a esto por su nombre: la invasión de Trump», declaró Pritzker a través de la red social X. El gobernador demócrata criticó duramente la decisión presidencial, argumentando que «no hay razón para que un presidente envíe tropas militares a un estado soberano sin su conocimiento, consentimiento ni cooperación».
Pritzker lamentó no haber recibido comunicación alguna del Gobierno federal para discutir o coordinar el despliegue de los efectivos en su estado.
El gobernador demócrata advirtió que la medida representa una progresión preocupante: «Empezó con agentes federales, pronto incluirá el despliegue de miembros federales de la Guardia Nacional de Illinois contra nuestra voluntad, y ahora implicará el envío de tropas militares de otro estado».
Pritzker sostuvo que el uso de la Guardia Nacional de esta manera es inapropiado, pues no deben ser utilizados como «apoyo político», y exhortó a todos los ciudadanos a «alzar la voz y ayudar a detener esta locura». Además, hizo un llamado directo al gobernador de Texas, Gregg Abbott, pidiéndole que retirara su apoyo y se negara a coordinar el despliegue.
Respuesta de Texas y Precedentes en Oregón
El gobernador republicano de Texas, Gregg Abbott, desestimó la petición de Pritzker y defendió la decisión del presidente. Abbott respondió públicamente a través de X, afirmando que había «autorizado plenamente» al mandatario para proceder con el despliegue.
«Usted puede implementar completamente la protección para los empleados federales o hacerse a un lado y dejar que la Guardia de Texas lo haga», replicó Abbott, sugiriendo que la inacción del gobierno de Illinois justificaba la intervención federal. También mencionó que su estado «todavía tiene miles de guardias nacionales ayudando con la seguridad fronteriza», indicando que la disponibilidad de tropas de Texas era amplia para cumplir con el requerimiento federal.
Este despliegue ocurre en un contexto de tensiones similares en Oregón. Días antes, el gobernador de California, Gavin Newsom, ya había denunciado un movimiento de centenares de efectivos de la Guardia Nacional californiana hacia Portland (Oregón).
Este movimiento se produjo a pesar de que un juez federal había paralizado la federalización de la Guardia Nacional de Oregón, una medida que buscaba colocar a esos efectivos bajo control federal.
El Pentágono confirmó el movimiento en Oregón, aunque cifró en «aproximadamente» 200 los efectivos reasignados de Los Ángeles a Portland para «apoyar» al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros agentes del orden.
La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, al igual que Pritzker, criticó la falta de transparencia. Kotek indicó que «101 miembros de la Guardia Nacional de California, con estatus federal, llegaron a Oregón anoche en avión, y entendemos que hay más en camino hoy», y afirmó que su administración «no ha recibido ninguna notificación oficial». Kotek sugirió que esta acción federal «parece tener la intención de eludir el fallo» judicial que impedía la federalización de la guardia local.
La movilización de la Guardia Nacional de un estado a otro sin el consentimiento de los gobernadores receptores plantea importantes cuestionamientos legales y constitucionales sobre el alcance de la autoridad presidencial para intervenir en asuntos de seguridad estatal.
La Constitución de EE. UU. y las leyes federales otorgan al presidente la capacidad de federalizar la Guardia Nacional (colocarla bajo control federal) o de usar las fuerzas armadas para reprimir insurrecciones, pero el uso de la Guardia Nacional de un tercer estado de esta manera ha sido interpretado por algunos críticos como un acto político diseñado para pasar por alto la resistencia de los gobernadores demócratas.
La disputa subraya la creciente polarización en el país y el conflicto entre el Gobierno federal y varios estados, especialmente aquellos gobernados por el Partido Demócrata, en torno a la gestión de las protestas y la seguridad pública.
La administración Trump ha mantenido una postura de «ley y orden», mientras que los gobernadores demócratas han acusado al presidente de extralimitarse en sus funciones e intentar politizar a las fuerzas militares con fines electorales.
Esta confrontación podría terminar en un nuevo litigio federal para delimitar las esferas de competencia en el uso de los cuerpos de seguridad militarizados a nivel doméstico.