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Los Ángeles, EE. UU.–La Administración del presidente Donald Trump ha ordenado este miércoles el despliegue de 2,000 nuevos efectivos de la Guardia Nacional del estado de California en respuesta a las intensas protestas que se desarrollan en Los Ángeles contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según un comunicado emitido por el Mando Norte del Ejército de Estados Unidos, estos soldados han sido autorizados bajo el Título 10 del Código de EE. UU., lo que implica que estarán bajo control federal directo. Su misión será proteger infraestructuras, personal y funciones federales en el área metropolitana de Los Ángeles.
«Dos mil soldados adicionales de la Guardia Nacional del Ejército de California han sido aprobados bajo el Título 10 para apoyar la protección de las funciones federales, personal y propiedades en el área metropolitana de Los Ángeles», indicó el comunicado oficial.
Las autoridades han aclarado que los uniformados no tendrán facultades para realizar arrestos, registros o incautaciones, limitando su rol exclusivamente a tareas de seguridad preventiva y apoyo logístico.
Con este nuevo despliegue, ya son aproximadamente 4,100 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines los que han sido movilizados en la ciudad californiana en los últimos días. Esta decisión ha generado fuertes tensiones entre el gobierno federal y la administración estatal, liderada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, quien ha criticado duramente la medida, calificándola como “un ataque a la democracia estadounidense”.
Newsom ha señalado que la militarización de las calles no es una solución adecuada y ha expresado su rechazo a la intervención federal sin coordinación con las autoridades estatales.
Trump, por su parte, ha sugerido públicamente que los manifestantes están siendo financiados por grupos opositores para organizar protestas en contra de las redadas y detenciones de inmigrantes. Además, no ha descartado la posibilidad de invocar la controvertida Ley de Insurrección, lo que permitiría al presidente desplegar fuerzas militares regulares en suelo estadounidense sin el consentimiento del estado afectado.
El presidente ha defendido sus acciones como necesarias para «restablecer el orden y proteger los intereses federales», en medio de lo que califica como «una escalada coordinada contra las fuerzas del orden y la soberanía de las leyes migratorias del país».
Las manifestaciones comenzaron tras una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por el ICE en distintas comunidades del sur de California. Los operativos han sido criticados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que acusan a las autoridades de realizar detenciones arbitrarias y actuar con violencia contra familias migrantes.
Los Ángeles se ha convertido en uno de los principales focos de protesta, con miles de personas en las calles exigiendo la liberación de los detenidos, el cese de las deportaciones y una reforma migratoria integral.