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ElSalvador–La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió, el lunes 7 de julio de 2025, un dictamen favorable para el decreto de Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda, el pleno podría aprobarlo el jueves 10 de julio.
El proyecto traslada a la Gerencia de Trámites y Permisos del Ministerio de Vivienda la facultad de autorizar, a escala nacional, la construcción de torres de telecomunicaciones, viviendas calificadas como de interés social y edificaciones de hasta 250 metros cuadrados, los solicitantes ya no deberán gestionar solvencias municipales.
El artículo 4 establece que el permiso emitido por Vivienda será la única autorización administrativa necesaria para erigir torres o ejecutar los proyectos mencionados, ninguna institución pública ni municipalidad podrá exigir documentos adicionales, salvo requerimiento expreso del ministerio o cuando la obra afecte bienes municipales.
Según la ministra Michelle Sol, el bajo número de torres en el país obstaculiza la expansión de la conectividad y el despliegue de redes 5G, unificar los trámites en una sola ventanilla agilizará las inversiones y reducirá la brecha digital, las alcaldías continuarán cobrando sus tasas pero ya no intervendrán en la aprobación técnica.
Las disposiciones también delegan en Vivienda la revisión vial, la factibilidad de aguas lluvias, la zonificación, el permiso de parcelación, el permiso de construcción y la recepción de obras para los proyectos comprendidos, esto incluye viviendas destinadas a poblaciones vulnerables y obras menores en municipios con limitada capacidad técnica.
Si una alcaldía no cuenta con personal o recursos suficientes para evaluar un proyecto menor de 250 m², Vivienda asumirá el expediente automáticamente, con ello se busca evitar retrasos y garantizar criterios técnicos homogéneos en todo el territorio.
Los proyectos de interés social pagarán únicamente el 25 % de las tarifas registrales y no deberán presentar solvencia municipal ante el Registro de la Propiedad, la medida pretende facilitar la formalización de viviendas para sectores de bajos ingresos y acelerar la dinámica de escrituración.
El marco sancionatorio clasifica las infracciones en graves y muy graves, las primeras conllevan multas de entre el 1 % y el 5 % del valor del terreno y la obra, mientras que las segundas serán castigadas con entre el 6 % y el 10 %, iniciar construcciones sin permiso o impedir las verificaciones oficiales se considerará falta muy grave.
Vivienda podrá realizar inspecciones, requerir información y emitir lineamientos técnicos vinculantes, cualquier desacato será sancionado conforme a la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción y a las nuevas disposiciones especiales.
Las municipalidades conservarán competencia sobre edificaciones mayores a 250 m² y sobre otras obras dentro de su jurisdicción, no obstante deberán coordinarse con Vivienda cuando los proyectos requieran estudios especializados o impacten áreas de desarrollo estratégico.
La iniciativa, defendida por el oficialismo, ha sido presentada como un paso decisivo para ordenar el sector construcción y modernizar la infraestructura de telecomunicaciones, sectores empresariales consultados señalan que la centralización reducirá tiempos y costos, aunque advierten la necesidad de mantener mecanismos de consulta local.
Algunos alcaldes han manifestado preocupación por la posible pérdida de atribuciones y de ingresos derivados de la emisión de licencias, el dictamen, sin embargo, les permite seguir cobrando tasas por torres y obras cuando corresponda, siempre que no obstaculicen el trámite principal.
El decreto pasará ahora al pleno legislativo, donde se prevé su ratificación por mayoría simple, una vez publicado, entrará en vigor al día siguiente, a partir de entonces los desarrolladores deberán acudir únicamente al Ministerio de Vivienda para tramitar autorizaciones de torres de telecomunicaciones y proyectos de interés social de hasta 250 m².