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ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas constitucionales que transforman el panorama político-electoral de El Salvador, entre los principales cambios, se homologarán las condiciones para la reelección presidencial con las que actualmente aplican para diputados y alcaldes, eliminando las restricciones que por décadas estuvieron vigentes en la Constitución de 1983.
La diputada Ana Figueroa, una de las impulsoras de las reformas, afirmó que “el pueblo y solo el pueblo tendrá el poder de decidir hasta cuándo desea apoyar el trabajo de cualquier funcionario, incluyendo la gestión de su presidente”.
Según argumentó la parlamentaria, la prohibición de la reelección presidencial (establecida en la Constitución de 1983), respondía a un contexto de inestabilidad política, social y económica. A su juicio, las nuevas condiciones permitirán que sea la ciudadanía, mediante el voto, quien defina la continuidad o no de un presidente en funciones.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación del ordinal 4 del artículo 75, que hasta ahora establecía la pérdida de derechos ciudadanos para quienes promovieran o apoyaran la reelección presidencial.
Asimismo, se suprimirá el ordinal 1 del artículo 152, que impedía postularse a la Presidencia a quienes hubieran ejercido ese cargo por más de seis meses, de forma continua o no, en el período anterior.
Con esto, se igualan las condiciones de reelección del Presidente con las de otros funcionarios electos como diputados y alcaldes, quienes pueden optar a la reelección inmediata.
Además, los legisladores aprobaron la modificación del artículo 154, que amplía la duración del mandato presidencial de cinco a seis años. La nueva redacción indica que “el período presidencial será de seis años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más.
En el caso de una reelección, el primer día del nuevo mandato no constituirá un día adicional del período que finalizó”.
La diputada Figueroa explicó que esta medida busca “una mayor estabilidad en los ciclos electorales” y también reducirá los costos asociados a los procesos de votación. “Menos elecciones significa menos gasto público”, recalcó.
Eliminación de la segunda vuelta electoral
El paquete de reformas incluye además la modificación del artículo 80 de la Constitución, eliminando la figura de la segunda vuelta electoral en elecciones presidenciales.
Actualmente, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, se realiza una segunda ronda entre los dos más votados. Con la nueva normativa, bastará con que un candidato obtenga mayoría simple para ganar en primera vuelta.
La eliminación de esta segunda fase del proceso electoral, según los legisladores, permitirá un ahorro estimado de $50 millones por elección. Dichos fondos, argumentaron, podrían redirigirse hacia programas sociales u otras prioridades del Estado.
“Además de ahorrar dinero, esto hará que el proceso electoral sea más ágil y menos desgastante para los votantes”, agregó Figueroa. Señaló también que la medida alinea a El Salvador con otros países de la región como México, Panamá o Estados Unidos, que no contemplan segunda vuelta.
Homologación de comicios y disposición transitoria
Una disposición transitoria incluida en las reformas establece que las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se realicen en una misma jornada electoral, cada seis años.
Para lograrlo, el actual período presidencial (que comenzó el 1 de junio de 2024 y debía finalizar el 1 de junio de 2029) será recortado en dos años. De esta forma, concluirá en 2027, año en el que se celebrarán elecciones generales unificadas.
“Actualmente, vivimos en una constante dinámica de campaña entre elecciones municipales, legislativas y presidenciales. Estas solo coinciden cada 15 años, lo cual agota al electorado”, señaló Figueroa.
Varios diputados consideraron que la elección de 2027 funcionará como una especie de “termómetro político” que permitirá evaluar la gestión del actual Gobierno ante la ciudadanía.
Las reformas constitucionales aprobadas en la Asamblea marcan un giro significativo en la arquitectura electoral del país. Desde la posibilidad de la reelección presidencial en igualdad de condiciones con otros cargos, hasta el rediseño de los calendarios y reglas de votación, el objetivo declarado de los legisladores es brindar mayor estabilidad, reducir costos y darle al votante un rol más central en la continuidad de sus representantes.
No obstante, sectores críticos han señalado que estas modificaciones concentran más poder en el Ejecutivo y debilitan contrapesos históricos, lo que podría generar nuevos debates en los próximos meses.