La Asamblea Legislativa aprobó tres reformas a la Ley del Medio Ambiente, al Código Penal y al Código Procesal Penal, para sancionar a quienes boten basura en las calles en lugares no autorizados.
La primera impone multas, la segunda crea un nuevo delito y la tercera autoriza a los jueces de paz a conocer estos casos valorando “toda la evidencia digital que sea presentada”.
La Reforma a Ley de Medio Ambiente contempla multas para quienes hagan mal manejo de la basura. Con la imposición de sanciones, los diputados buscan que la población tome conciencia sobre la importancia de no arrojar desechos sólidos en espacios inadecuados.
Con el fin de disminuir los niveles de contaminación ambiental en El Salvador y culturizar a la población para evitar prácticas nocivas, los diputados plantearon reformar el artículo 98 de la Ley de Medio Ambiente.
Las enmiendas contemplan imponer una sanción de $20 a quienes arrojen un peso inferior a dos libras de desperdicios en sitios inadecuados. Si la multa es cancelada en un plazo máximo de 10 días el monto se reducirá al 50 %.
Estas enmiendas se suman a las reformas propuestas al artículo 257 del Código Penal para castigar a las personas que lancen más de dos libras de basura en espacios no autorizados.
El parlamentario, Carlos Bruch, explicó que dichas modificaciones contemplan que las personas sean acreedores a una multa de $1,500 y si no la pagan tendrán una insolvencia tributaria en Hacienda, no podrán tramitar su constancia policial ni salir del país.
“Si el hecho se califica como disposición indebida de residuos la sanción se pagará con pena de uno a tres años de prisión, la cual podrá ser sustituida por trabajo de utilidad pública. Y si se hace desde un automotor se le suspenderá la licencia hasta por seis meses”, expuso el funcionario.
La otra enmienda contempla que si las instancias competentes, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecen que se ha cometido «contaminación ambiental», al probar la afectación al ecosistema, las personas señaladas deberán pagar una multa del 100 %. Si no la cancelan en el lapso de un año tampoco podrá salir del país, ni tramitar la solvencia policial ni del fisco.
Los jueces de paz tendrán la competencia de conocer los casos del nuevo delito de “disposición indebida de residuos o desechos”, así como lo hacen en delitos de conducción temeraria, hurtos o robos.
El nuevo delito de disposición indebida de residuos o desechos consistirá en lanzar más de dos libras de residuos o desechos “de cualquier clase” en lugares no autorizados y tendrá una pena de 1 a 3 años de prisión, sustituible por trabajo de utilidad pública de limpieza.
En los procedimientos sumarios, la investigación no excede de 15 días hábiles después de la audiencia inicial y el juicio se realiza en un plazo entre 3 y 10 meses.
También, Si la basura de un peso mayor a dos libras fue lanzada desde un vehículo, el imputado perderá su licencia de conducir por seis meses.
Cuando al cometer el delito se ponga en peligro la salud o el medio ambiente, la responsabilidad civil no podrá ser menor a $25,000 y se podrá ordenar el cierre de empresas.
La diputada Helen Jovel añadió que con estas enmiendas no se busca afectar a la población, sino hacer conciencia del mal uso de los residuos y desechos sólidos que generan contaminación en todo el país.
“Nuestra intención no es afectar el bolsillo de los salvadoreños, porque sabemos que a cada uno nos cuesta ganar el dinero; pero sí buscamos que no se bote la basura donde no corresponde para no incurrir en multas”, aseguró la diputada.
La institución encargada de regular y supervisar que se cumpla la normativa será el Ministerio de Medio Ambiente, que tramitará los procesos administrativos sancionatorios. Además, será la Policía Nacional Civil (PNC) la que impondrá las multas, detalló el parlamentario Rodrigo Ayala, quien propuso los dos proyectos de reforma.
“Se pretende prevenir los efectos negativos de la disposición indebida de los desperdicios en las ciudades, calles, aceras y espacios públicos que causan daños a la salud. Lo que se busca con que estas reformas es que se sancione a toda persona que bote basura en lugares indebidos”, señaló señaló el legislador Bruch.
Durante las últimas semanas, la mesa legislativa recibió a delegados de los ministerios de Salud y Medio Ambiente, así como a representantes de la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia, quienes explicaron cómo el mal manejo de la basura genera problemas de salud y graves daños a los ecosistemas.
Según el monitoreo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, la contaminación de los recursos hídricos en el país tiene como principal agravante la disposición final de basura o desechos sólidos de la ciudadanía. Este informe reveló que de los 55 ríos que fueron monitoreados por la institución, 17 resultaron con agua de mala calidad y otros cinco tenían agua de pésima calidad.