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ElSalvador-–La Asamblea Legislativa, aprobó este miércoles la 43ª extensión del régimen de excepción, una medida emblemática de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno desde el inicio de la gestión de Nayib Bukele.
La prórroga, que recibió 57 votos a favor de un total de 60 legisladores, mantendrá suspendidos ciertos derechos constitucionales desde el 3 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2025. Esta decisión, tomada en una sesión marcada por intensos debates, busca consolidar los logros en la lucha contra las pandillas, aunque genera controversia por sus implicaciones en materia de libertades individuales.
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, surgió como respuesta a la escalada de violencia pandillera que por décadas sumió al país en un ciclo de miedo y extorsión.
Esta herramienta legal permite a las autoridades realizar detenciones sin orden judicial por hasta 15 días, suspende garantías como la inviolabilidad de comunicaciones y la defensa inmediata en procesos penales, y faculta operativos masivos contra estructuras criminales. Según el Ejecutivo, la medida ha sido pivotal para desmantelar el control territorial de grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, transformando comunidades enteras de zonas de terror a espacios de relativa tranquilidad.
Durante la discusión legislativa, los defensores de la prórroga, principalmente de la bancada de Nuevas Ideas –el partido oficialista–, enfatizaron los indicadores de progreso. El diputado Ángel Lobos, de Nuevas Ideas, resaltó que el país acumula 1.025 días sin homicidios durante la administración de Bukele, de los cuales 910 corresponden al período del régimen de excepción.
«Nuestra economía está creciendo un 4,1% en el segundo trimestre de 2025, según el Banco Central de Reserva. Lo que antes se destinaba a pandilleros ahora se reinvierte en el desarrollo», afirmó Lobos, defendiendo la medida como un «escudo» contra el retorno a la inseguridad pasada.
Su colega Raúl Chamagua, también de Nuevas Ideas, describió la extensión como una «responsabilidad histórica» que no solo cierra espacios al crimen, sino que abre puertas a un futuro próspero.
«Comunidades que vivían bajo amenazas constantes han recuperado su libertad», señaló, recordando cómo emprender un negocio o proteger a un familiar podía costar la vida antes de 2019.
Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN) –aliado del gobierno–, rechazó tajantemente las acusaciones de indulgencia con criminales: «No podemos defender a quienes descuartizan niñas o incendian buses con pasajeros. Quien mal anda, mal acaba», declaró, comprometiéndose a apoyar futuras prórrogas «ahora, mañana y siempre».
Los datos oficiales respaldan estos argumentos, en lo que va de 2025, El Salvador ha registrado solo 63 homicidios, incluyendo tres clasificados como «intervenciones legales» –acciones de fuerzas de seguridad que el gobierno no contabiliza como crímenes comunes–. Julio se erigió como el mes más seguro del año, con 29 días sin homicidios reportados.
Además, las capturas superan las 89.500 personas señaladas como pandilleros o terroristas, un incremento de 700 respecto a la prórroga anterior de agosto.
Estas acciones han derivado en una reducción del 98% en delitos como posesión de drogas, resistencia a la autoridad y extorsión, según informes gubernamentales. La tasa de homicidios, que en 2015 alcanzó los 103 por cada 100.000 habitantes, ha caído drásticamente a niveles históricamente bajos, posicionando a El Salvador como uno de los países más seguros de la región en términos de violencia letal.
No obstante, la aprobación no estuvo exenta de críticas, que pusieron de relieve las tensiones entre seguridad y derechos humanos. La diputada Cesia Rivas, del partido de oposición Vamos, rechazó las acusaciones de defender pandilleros y contraatacó señalando presuntos pactos pasados entre rivales políticos y estructuras criminales, como el caso del pandillero Élmer Canales Rivera, alias «Crook», quien fue liberado y luego reubicado bajo custodia.
«Nadie quiere volver al pasado de las pandillas, pero tampoco queremos presos injustamente ni niños separados de sus padres», argumentó Rivas, citando que el 37% de los menores en El Salvador vive sin uno o ambos progenitores, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Pidió acciones urgentes para los más de 100.000 niños afectados por detenciones masivas, subrayando que «ellos no son culpables de nada».
El intercambio se tornó acalorado cuando el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, ironizó sobre la ausencia de opositores durante la votación: «Ni un diputado de la oposición se presentó; son fantasmas o mentirosos que fingen apoyar la seguridad». Rivas replicó acusando hipocresía a los oficialistas, aludiendo a supuestas adquisiciones patrimoniales inexplicables en corto tiempo.
La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, cerró el debate defendiendo el «milagro económico» impulsado por la estabilidad: «Ahora hablamos de resultados concretos, no de retórica vacía».
Fuera del hemiciclo, organizaciones internacionales han amplificado estas preocupaciones.
Encuestas indican que, pese a estas críticas, más de la mitad de los salvadoreños aprueba la medida por sus beneficios en seguridad, aunque seis de cada diez teme expresar disenso público contra Bukele.
Desde su implementación, el régimen ha coincidido con un repunte económico: el PIB creció 4,1% en el segundo trimestre de 2025, atrayendo inversionistas que antes eludían el país por la inseguridad.