Redacción: Fidel López.
En medio de un intenso debate, la Asamblea Legislativa aprobó importantes reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y a la Ley de la Carrera Judicial, con las que jueces y fiscales que cumplan 60 años deberán jubilarse.
Las reformas fueron aprobadas con el voto de los diputados que responden al bloque oficialista, luego de ser introducidas al pleno mediante dispensa de trámite.
Una vez estas reformas entren en vigor, tanto jueces de paz, jueces de primera instancia, magistrados de cámara y fiscales que cumplan 60 años de edad ó 30 de servicio tendrán que renunciar a su trabajo. Sin embargo estas no aplican para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los jueces que se verán afectados con estas reformas es quien lleva el caso de El Mozote y lugares aledaños; masacre que cometió el ejército salvadoreño en diciembre de 1981 contra la población del Caserío El Mozote al norte de Morazán en el contexto del conflicto armado.
Para la organización defensora de derechos humanos Cristosal, las reformas son inconstitucionales porque trastocan la independencia judicial y asestarán un duro golpe al proceso judicial que se sigue en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. “Después del 9F y el 1M, el golpe sigue”cita esta fuente en su cuenta de twitter.
“Esta reforma busca dar respuestas institucionales eficientes y mejorar los tiempos para que el salvadoreño no tenga que esperar hasta que el fiscal que está en turno le dé la gana de atenderle” manifestó la diputada Marcela Pineda de Nuevas Ideas, con respecto a las reformas a la Ley Orgánica de la FGR.
“En realidad lo que están haciendo con esto es violar la poca independencia judicial que quedaba en el país, controlar este órgano de estado; y ahora ya no tenemos tribunales independientes, porque todo juez que pretenda dar una resolución que a ustedes no les guste lo van a trasladar o lo van a quitar” refutó de manera tajante el diputado de ARENA René Portillo Cuadra durante su intervención en el momento del debate legislativo.
Como parte de las reformas además se contempla que los miembros de la carrera judicial podrán ser trasladados sin que exista la posibilidad de mediación por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Otro aspecto que debe considerarse en torno a este tema es que si el Estado tendrá la capacidad económica para indemnizar a todos los juristas que a la entrada en vigencia de dichas reformas se vean obligados a renunciar a sus funciones. Tomando en cuenta la delicada situación financiera por la que según expertos, atraviesan las arcas estatales.
