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ElSalvador—El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a pronunciarse la noche del jueves sobre el conflicto legal que amenaza con desalojar a más de 300 familias de la cooperativa El Bosque, en Santa Tecla, y anunció que su gobierno implementará un impuesto a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para evitar la pérdida de tierras por parte de la comunidad afectada.
“En este caso en específico, y ya que las ONGs aseguran que están trabajando para ayudarles, vamos a poner un impuesto a las ONGs y con lo que recaudemos, solucionaremos de una vez por todas la situación de esta comunidad”, expresó Bukele en su cuenta de X. Aunque en días anteriores había adelantado que se reviviría la Ley de Agentes Extranjeros con una tasa del 30 %, esta vez no confirmó si ese porcentaje se mantendrá.
El anuncio surge en el contexto de una crisis que ha expuesto las complejidades históricas de la reforma agraria, el rol de los gobiernos locales y el poder judicial en El Salvador. La comunidad de la cooperativa El Bosque enfrenta una orden de desalojo emitida por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, a favor de la empresa Proyectos e Inversiones Diversas, S.A. de C.V. (PROYIN), a raíz de una deuda impaga que data del año 2008. La sentencia incluye el pago de $131,342 en capital, intereses moratorios y costas judiciales, además de autorizar el remate de los terrenos si no se cumple la orden de pago. El plazo límite para el desalojo vence el 22 de mayo.
Bukele responsabilizó directamente a los partidos FMLN y ARENA por lo que calificó como una estafa a la cooperativa. En un extenso hilo en X, el mandatario explicó que en el año 2013, la alcaldía de Santa Tecla, bajo administración de Roberto d’Aubuisson (ARENA), pagó $366,613 al Banco Agrícola para saldar una deuda adquirida por la cooperativa años antes con fines agrícolas. A cambio, la alcaldía recibió 197.07 manzanas de tierra, lo que dejó a la cooperativa con menos del 47 % de sus tierras originales.
El convenio fue firmado originalmente por Óscar Ortiz (FMLN) cuando era alcalde, y Bukele denunció que ambas administraciones usaron el acuerdo como una forma de apropiación injusta de tierras. “La alcaldía se quedó con el 51.4 % de las tierras mientras que la cooperativa se quedaba luchando por retener el 46.8 % que aún le quedaba”, dijo, señalando además que durante el gobierno de ARENA la alcaldía exigió más tierras como castigo por el retraso en la entrega.
El presidente también abordó el conflicto con PROYIN, dirigido por Luis Antonio Palomo Urbina. Según explicó, fue el Banco Agrícola quien presentó a Palomo como intermediario para solucionar la deuda mediante la medición, parcelación y venta de tierras. La cooperativa firmó un contrato en el que se acordaba pagar parte de los servicios con dinero y parte con traspaso de terrenos. La relación derivó en una demanda que culminó en la actual orden de desalojo.
La tensión escaló el pasado 12 de mayo cuando la Policía Nacional Civil detuvo al presidente de la cooperativa El Bosque y a su asesor jurídico, tras una protesta frente a una residencial privada cercana a la residencia presidencial. Las detenciones generaron controversia, aunque el mandatario aseguró que el Gobierno no está detrás del desalojo.
Bukele concluyó que esta situación es un ejemplo de cómo han operado durante décadas los partidos tradicionales y algunas ONG, prometiendo que su administración buscará soluciones estructurales y justicia para los afectados: “El Gobierno no les quita las tierras, no cobra asesorías, no los manipula y mucho menos los estafa”.
Con la implementación del nuevo impuesto a las ONG, el Ejecutivo espera recaudar fondos para saldar la deuda judicial con PROYIN y así evitar que las familias pierdan sus hogares. “Así, las ONG podrán cumplir su misión de ayudar al pueblo”, finalizó el presidente.