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ElSalvador–El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comparó el macrojuicio que enfrenta a cerca de 500 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha con los Juicios de Núremberg realizados tras la Segunda Guerra Mundial, en los que fueron procesados altos mandos del régimen nazi.
El mandatario defendió el proceso judicial y sostuvo que no se trata de delincuentes menores, sino de presuntos líderes de pandillas ya condenados en otros casos por delitos como asesinatos, violaciones, extorsiones y secuestros.
Según Bukele, el juicio aborda miles de crímenes atribuidos a estas estructuras, incluidos más de 29.000 homicidios que, afirmó, habrían sido cometidos bajo órdenes de estos grupos. También señaló que el elemento central del proceso es la aplicación del principio de “responsabilidad de mando”, el cual, según dijo, ya ha sido utilizado en contextos internacionales como los Juicios de Núremberg.
Respuesta a críticas internacionales
Las declaraciones del presidente surgen en respuesta a cuestionamientos del exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth, quien calificó el proceso como un “juicio colectivo injusto” en el marco de las medidas de seguridad implementadas en El Salvador.
Bukele cuestionó esa postura y afirmó que el principio de responsabilidad de mando no es una invención reciente, sino una figura jurídica aplicada históricamente en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
El juicio es considerado el primero de gran escala contra presuntos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), organización que, junto con Barrio 18, ha sido señalada como estructura terrorista tanto por Estados Unidos como por El Salvador.
De acuerdo con el gobierno salvadoreño, estas pandillas llegaron a tener influencia en gran parte del territorio nacional. El proceso judicial incluye miles de delitos atribuidos a la estructura criminal, entre ellos órdenes de asesinato contra decenas de víctimas durante hechos ocurridos en marzo de 2022.
La ofensiva estatal contra las pandillas se intensificó tras esos hechos, cuando el gobierno declaró un régimen de excepción que ha resultado en más de 91.000 detenciones, según cifras oficiales.
Las autoridades han sostenido que las medidas forman parte de una estrategia para desarticular a las estructuras criminales, mientras organizaciones y analistas internacionales han expresado preocupación por posibles vulneraciones a derechos humanos.