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EEUU/ElSalvador—Durante su visita a la Casa Blanca este lunes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó categóricamente la posibilidad de permitir el regreso a Estados Unidos de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por el gobierno de Donald Trump a pesar de tener una orden judicial que bloqueaba su expulsión.
“¿Cómo puedo devolver un criminal a Estados Unidos? ¿Meter a un terrorista ilegalmente?”, respondió Bukele, en inglés, al ser cuestionado por periodistas junto al expresidente Trump. Añadió: “No tengo el poder de devolverlo a Estados Unidos” y negó también la posibilidad de liberarlo en El Salvador: “No somos muy partidarios de liberar terroristas en nuestro país”, afirmó, aunque Ábrego no ha sido acusado formalmente de ningún delito ni en Estados Unidos ni en El Salvador.
El caso de Ábrego García ha ganado notoriedad como símbolo de las deportaciones masivas impulsadas por Trump, y de la creciente colaboración entre ambos gobiernos para encarcelar a migrantes centroamericanos sin procesos claros.
Ábrego llegó a EE. UU. en 2011 huyendo de amenazas de pandillas salvadoreñas, y vivía en Maryland con un hermano ciudadano estadounidense. En 2019, fue arrestado en las afueras de Washington mientras buscaba trabajo en una ferretería, y acusado de pertenecer a la MS-13, algo que siempre negó.
Ese mismo año, un juez de inmigración ordenó suspender su deportación al considerar que su vida corría peligro si regresaba a El Salvador. Desde entonces, vivió y trabajó legalmente, cumpliendo con todas las citas migratorias.
Pero el 12 de marzo pasado, fue detenido repentinamente tras recoger a su hijo y deportado días después, violando la orden judicial que lo protegía. Desde entonces permanece encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la polémica megacárcel salvadoreña denunciada por organizaciones internacionales por presunto hacinamiento y maltrato.
Batalla judicial: Trump desobedece a jueces
La juez federal Paula Xinis calificó de infundada la acusación contra Ábrego y ordenó su retorno inmediato a Estados Unidos, advirtiendo que su deportación se basó en “una única y no probada acusación”.
Sin embargo, el gobierno de Trump se negó a cumplir la orden, argumentando que la magistrada no tenía autoridad para intervenir en política exterior, y elevó el caso al Tribunal Supremo.
La semana pasada, la Corte Suprema ratificó la decisión de Xinis y ordenó facilitar el retorno de Ábrego. No obstante, la administración Trump insiste en que no fue un error, y que “fue el hombre correcto enviado al lugar correcto”, según declaró este lunes Stephen Miller, exasesor principal del expresidente.
EE. UU. y El Salvador, cómplices en deportaciones controvertidas
El gobierno de Trump firmó un acuerdo con El Salvador para encarcelar allí a inmigrantes indocumentados o acusados de delitos en EE. UU. Sin embargo, diversas organizaciones han denunciado que muchas de las personas deportadas no tienen antecedentes penales ni cargos formales.
La resistencia de Bukele a liberar a Ábrego o
permitir su regreso a Estados Unidos sugiere una alineación total con las políticas migratorias del expresidente, a pesar de las resoluciones judiciales en contra.
Este lunes, Pam Bondi, actual secretaria de Justicia, declaró que “corresponde a El Salvador decidir” si Ábrego vuelve o no a territorio estadounidense.