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ElSalvador—El pasado 28 de mayo se registró el homicidio de un ex cabo de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán. Inmediatamente, las autoridades activaron el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO) para dar con el responsable.
Dos días después, la noche del viernes, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó la captura de Henry Fernando Hernández Asencio, identificado como el autor del crimen.
Según información policial, Hernández Asencio posee antecedentes por vínculos con agrupaciones ilícitas. Había sido liberado en abril de 2024, tras cumplir una condena de dos años de internamiento.
Durante su declaración, Villatoro criticó con dureza al sistema judicial anterior, al que responsabilizó por permitir que personas con historial delictivo volvieran a las calles.
“Quienes nos critican no entienden, o asumen no entender, que esta organización terrorista estaba formada por asesinos seriales. A este sujeto, el sistema romántico y perverso asumió que, con solo dos años de internamiento y programas de pinta caritas, se iba a readaptar. Pues bien, la realidad, tristemente, nos da la razón una vez más”, expresó el funcionario.
El caso ha vuelto a abrir el debate sobre la efectividad de los programas de rehabilitación y el rol del sistema judicial en la lucha contra el crimen organizado.