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Guatemala–La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, ha reportado un total de 65 ciudadanos salvadoreños capturados en su territorio entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de 2025, según informes oficiales.
Estas detenciones se enmarcan en la cooperación regional de seguridad y reflejan la situación migratoria y delictiva en el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, especialmente tras la implementación del régimen de excepción en El Salvador en marzo de 2022.
La información, desglosada por la PNC guatemalteca y confirmada por diversas fuentes de seguridad, indica que los capturados se dividen en dos grupos principales con distintos destinos judiciales: Expulsiones y entregas a El Salvador por órdenes de captura.
Un total de 33 salvadoreños fueron localizados y posteriormente expulsados o entregados a la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, en diversas fronteras terrestres. Estas personas eran reclamadas por juzgados salvadoreños, tanto comunes como tribunales especializados contra el crimen organizado, por la comisión de delitos de alto impacto.
Entre los ilícitos por los que eran requeridos se destacan el homicidio, la extorsión, la pertenencia a agrupaciones terroristas (pandillas), el tráfico ilícito de drogas o personas, y la limitación ilegal a la libertad de circulación. La mayoría de estas capturas son el resultado de la coordinación entre el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de Guatemala y las autoridades salvadoreñas.
Fuentes policiales en Guatemala han señalado que algunos de estos individuos habrían ingresado al país huyendo de las medidas de seguridad implementadas en El Salvador.
Ejemplos específicos de alto valor incluyen la captura de pandilleros salvadoreños catalogados como parte de «los 100 más buscados» en su país. Asimismo, reportes de la PNC guatemalteca de inicios de julio detallaron la expulsión de líderes de la pandilla Barrio 18, como César Alberto Guzmán Álvarenga, alias «Tuza», ubicado en Quetzaltenango.
Estas acciones reafirman el compromiso de las autoridades guatemaltecas de evitar que el país se convierta en refugio para estructuras criminales.
Detenidos en Guatemala por delitos cometidos en flagrancia.
El segundo grupo, compuesto por 32 salvadoreños, permanece recluido en diversos centros penales guatemaltecos. Su detención se produjo en flagrancia por haber cometido delitos dentro del territorio de Guatemala, en sus primeras audiencias de rigor, los jueces guatemaltecos resolvieron que debían continuar en prisión mientras avanzan sus procesos judiciales.
Los reportes de la policía guatemalteca, que cubren hasta el tercer trimestre de 2025, señalan que estos detenidos están involucrados en una variedad de crímenes.
Un caso destacado y reciente es el de Daniel Alexander Martínez Marín, de 24 años, quien fue arrestado el pasado 17 de septiembre en un allanamiento en Llanos de la Cruz, Quetzaltenango, bajo la acusación de haber asesinado a un menor de 12 años. Durante el operativo, se le incautaron sustancias ilícitas.
En el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional, la PNC de Guatemala ha reportado otras capturas significativas durante el año, incluyendo la de presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha (MS-13), como alias «El Broky», detenido en La Antigua Guatemala tras el asesinato de otro ciudadano salvadoreño en esa localidad.
Otro caso relevante fue la detención en julio de una ciudadana salvadoreña acusada de explotación sexual, arrestada en la carretera que conduce hacia El Salvador.
La tendencia al alza en la detención de salvadoreños en Guatemala, especialmente aquellos vinculados a pandillas o con órdenes de captura, ha sido notable desde 2022, coincidiendo con la vigencia del régimen de excepción en El Salvador.
Analistas en la región han coincidido en que las enérgicas medidas contra las maras en el país vecino están generando un efecto de desplazamiento de criminales hacia territorios limítrofes, siendo Guatemala uno de los principales receptores.
La cooperación binacional, mediante el uso de mecanismos como el CAT y la coordinación directa entre las PNC de ambos países, se ha vuelto un pilar fundamental para la seguridad regional, garantizando la identificación y el proceso legal de estos individuos, ya sea a través de la expulsión o de su enjuiciamiento en el país donde cometieron los delitos.