El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y sus bases, a la comunidad nacional e internacional emitió un comunicado por el reciente anuncia de la vigencia del Decreto 4-2020 de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales ONG, donde se consuma de manera legal el inicio de cierre de espacios de participación y organización garantizadas en la Constitución Política de 1985.
«Esta aberración jurídica es otra forma de manifestación de la clase política incrustada en las instituciones del Estado vinculada a actos criminalidad con el que buscan garantizarse impunidad», cita el escrito.
«Es mentira que las Organizaciones No Gubernamentales no quieren ser fiscalizadas como el mayor argumento de sus promotores, que sólo busca desestabilizar a los actuales gobiernos democráticos y que no aportamos al país», continúa.
De acuerdo con el CCDA, desde el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales, se ha logrado detectar e investigar a funcionarios corruptos que les han caído el peso de Ley, por lo han purgado cárcel o han asumido otras sanciones que un tribunal se impone al ser vencidos en juicio. «Por lo que no tiene sentido, indicar que no queremos ser fiscalizadas cuando la misma ley antes de estas reformas ya establece un mecanismo para hacerlo», recalcan.
«Asumir que las Organizaciones No Gubernamentales sólo sirven para desestabilizar a los gobiernos democráticos, es otra mentira de sus promotores, hemos buscado siempre la certeza jurídica para el bien común, sin afectar los derechos de las mujeres, niñez y pueblos indígenas, ante actuaciones de funcionarios y autoridades en las instituciones del Estado», enfatizan en el comunicado
Asimismo, consideran que la otra mentira que se promovió con estas reformas, es que las Organizaciones No Gubernamentales, no contribuyen al desarrollo del país.
«En la actual crisis sanitaria, alimentaria y económicas que atraviesa la humanidad por los efectos de la pandemia COVID-19; en Guatemala, ante la inoperancia del Estado en la gestión de la actual crisis, son las organizaciones en coordinación con las familias indígenas y campesinos, quienes están supliendo sus funciones ante la escasez de alimentos, medicamentos en comunidades donde no se ha hecho presente de ningún tipo de apoyo a pesar de que el año pasado y este año, se han aprobado presupuestos financiados a través de préstamos para responder a los efectos de esta crisis», recalcan.
«Cabe preguntar ¿Quién o quiénes no han cumplido con sus obligaciones? ¿Quiénes no quieren las fiscalizaciones? ¿Quiénes viven generando inestabilidad social y política con sus negligencias? No son las Organizaciones No Gubernamentales», se lee en el comunicado.
Además, concluyen exigiendo a las autoridades de los tres poderes del Estado, cumplir con la Constitución y los distintos Convenios internacionales en materia de derechos humanos que permiten a la población la libre organización.
