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Guatemala–El Congreso de Guatemala ratificó este lunes el estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo de León, tras una serie de ataques de pandillas que dejaron nueve policías asesinados el fin de semana.
La medida estará vigente durante 30 días y permitirá al Ejecutivo realizar capturas sin orden judicial, restringir reuniones públicas y suspender temporalmente algunos derechos constitucionales.
El decreto, identificado como 1-2026, fue aprobado con 149 votos a favor y uno en contra. Durante la sesión, el diputado Luis Rodríguez propuso reducir la vigencia del estado de sitio a 15 días, pero la moción fue rechazada con 131 votos en contra.
Los legisladores aprobaron varias enmiendas al documento. Una de ellas, con 146 votos, sustituyó el artículo 4 para establecer que las limitaciones aplican a los artículos 5, 6 y 33 de la Constitución, relacionados con la libertad de acción, detención legal y derecho de reunión. El texto aclara que “ninguna persona podrá ser perseguida por sus opiniones que no impliquen infracción a la ley”.
También se incorporó un artículo que restringe las reuniones al aire libre, aunque se enfatizó que el estado de sitio no debe usarse “para perseguir a adversarios políticos o ideológicos”. Además, el Congreso garantizó la continuidad de ferias patronales y actividades culturales, y aprobó la suspensión temporal de visitas en los centros penitenciarios donde se encuentren recluidos pandilleros.
El país vivió el lunes su primer día bajo el régimen de excepción, decretado la noche del domingo tras los motines en tres cárceles y los ataques simultáneos contra unidades policiales. Las autoridades confirmaron que un agente herido durante los enfrentamientos falleció horas después, elevando a nueve el número de víctimas.
Durante un acto en memoria de los policías caídos, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, aseguró que “el país no puede ceder ante el crimen” y destacó el sacrificio de los agentes que perdieron la vida.
La confrontación entre el Gobierno de Arévalo y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se agudizó desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los líderes de ambas estructuras a una prisión de máxima seguridad y revocaron los privilegios que gozaban en administraciones anteriores.