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Guatemala–La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala suspendió de forma provisional la entrada en vigor del Presupuesto General del Estado 2026, aprobado en noviembre pasado por el Congreso bajo la figura de “urgencia nacional”. La decisión responde a presuntas irregularidades en el proceso legislativo que llevó a su aprobación y deja vigente, por el momento, el presupuesto correspondiente al año 2025.
El fallo fue emitido el martes 30 de diciembre tras una sesión en la que cuatro magistrados votaron a favor y uno en contra. La medida, que tiene carácter temporal, deriva de un amparo presentado por los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Fernando Linares Beltranena —este último sancionado sin visa por Estados Unidos desde 2017—, quienes denunciaron supuestos “vicios de forma” en la aprobación parlamentaria.
En su resolución, el máximo tribunal explicó que la suspensión se adopta “porque las circunstancias lo hacen aconsejable” y mientras se determina si el presupuesto cumple con los procedimientos constitucionales. La CC aclaró que, mientras se analiza el fondo del recurso, el Estado deberá continuar operando con los fondos y asignaciones del presupuesto vigente de 2025.
El Congreso guatemalteco había aprobado el pasado 26 de noviembre un presupuesto de 163,000 millones de quetzales (equivalentes a unos 21,300 millones de dólares), lo que representaba un incremento del 10 % respecto al año anterior.
La iniciativa recibió el apoyo de 139 de los 160 diputados y fue respaldada por el presidente Bernardo Arévalo de León, quien lo calificó entonces como “un hito” para fortalecer la gestión pública.
Entre las carteras más beneficiadas por el nuevo presupuesto figuraban Educación, con una asignación de 3,521 millones de dólares; Salud Pública y Asistencia Social, con 2,161 millones; y Gobernación (Interior), responsable de la seguridad ciudadana, con 1,249 millones. El Ejecutivo había destacado que el aumento permitiría reforzar programas sociales, mejorar la infraestructura educativa y fortalecer la seguridad.
Sin embargo, la aprobación exprés de la ley —realizada en una sola jornada y bajo el mecanismo de “urgencia nacional”— generó críticas entre distintos sectores sociales y políticos, que denunciaron falta de debate y transparencia.
Tras conocerse la decisión de la CC, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que aseguró que respetará el fallo y que, a partir de enero de 2026, impulsará una iniciativa de ley para un reajuste presupuestario “acorde a los desafíos económicos, sociales e institucionales del país”.
“Trabajaremos en las vías necesarias que permitan que los recursos lleguen al pueblo de Guatemala”, indicó la administración Arévalo, subrayando que la suspensión “responde a motivos de forma” y no de fondo. El Ejecutivo insistió en que actuará dentro del marco legal y que la continuidad de los servicios públicos está garantizada.
De acuerdo con la Constitución guatemalteca, en ausencia de un nuevo presupuesto aprobado, el Gobierno puede ejecutar el del año anterior, lo que permitirá mantener operativas las instituciones estatales y la prestación de servicios esenciales.
“Nuestro objetivo es claro: continuaremos llevando salud, seguridad y educación, y promoviendo más crecimiento económico y más empleo, bases indispensables para el bienestar de los guatemaltecos”, puntualizó el comunicado oficial.
La suspensión del presupuesto 2026 representa un nuevo desafío para el presidente Arévalo, quien asumió el poder en enero de 2024 con la promesa de fortalecer la institucionalidad y combatir la corrupción. Analistas locales consideran que el fallo de la CC podría abrir un nuevo debate legislativo sobre el manejo de los recursos públicos y la transparencia del proceso presupuestario.
El tribunal deberá decidir en los próximos meses si ratifica o revoca de forma definitiva la suspensión. Mientras tanto, el Ejecutivo y el Congreso tendrán que negociar un reajuste que equilibre las prioridades gubernamentales con las exigencias de legalidad y control constitucional.
Con esta decisión, Guatemala inicia 2026 en medio de un escenario de cautela fiscal y política, con un Gobierno que deberá demostrar capacidad de gestión sin vulnerar los límites del marco constitucional.