El gobierno de Estados Unidos anunció la creación de un registro obligatorio para todas las personas que se encuentran en el país de manera ilegal, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Los inmigrantes indocumentados de 14 años o más deberán registrarse, proporcionar sus huellas dactilares y una dirección. Quienes no lo hagan enfrentarán multas de hasta $5,000 o penas de cárcel de hasta seis meses.
“El incumplimiento en registrarse es un delito que podría resultar en una multa, prisión, o ambos. Durante décadas, esta ley ha sido ignorada, ya no más”, señala el comunicado del DHS.
El plan de registro se fundamenta en disposiciones legales que han sido difíciles de aplicar en el pasado. Desde 1940, EE.UU. ha implementado sistemas similares con objetivos de control migratorio y seguridad nacional, como:
Registro de Extranjeros de 1940, utilizado para rastrear presuntos comunistas y subversivos.
Programa NSEERS (Bush, post 9/11), dirigido a hombres de países musulmanes, que terminó en arrestos y deportaciones masivas.
El gobierno busca ahora reactivar este tipo de mecanismos con el objetivo de cumplir sus promesas de deportaciones a gran escala y restringir aún más el acceso a solicitantes de asilo.
Incertidumbre sobre la aplicación y posibles consecuencias
No está claro cuántos inmigrantes se registrarán voluntariamente, pues proporcionar información personal al gobierno podría facilitar detenciones y deportaciones.
Según expertos, la medida podría aumentar la población carcelaria y afectar a personas que no tienen recursos para pagar multas elevadas. Además, organizaciones de derechos humanos han advertido que este registro podría convertirse en una herramienta de persecución contra comunidades vulnerables.
El gobierno ha indicado que en los próximos días se habilitará un formulario para que los inmigrantes inicien el proceso de registro y tendrán 30 días para completarlo.
“Los extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país se enfrentan a una elección: pueden regresar a su país y seguir el proceso legal para venir a EE.UU. o afrontar las consecuencias de seguir violando nuestras leyes”, afirmó Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.
La medida ha generado un intenso debate en el país, con organizaciones migratorias denunciando que este registro es una estrategia para acelerar deportaciones masivas, mientras que la administración lo defiende como una manera de reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias.