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ElSalvador–El Salvador comenzó el 2 de septiembre la implementación de la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías, aprobada en febrero de 2025. Con esta medida, el país se posiciona entre los primeros del mundo en contar con un marco legal específico para regular la inteligencia artificial (IA).
El Gobierno salvadoreño busca atraer desarrolladores, emprendedores e inversionistas mediante un modelo pro innovación, distinto de regulaciones más restrictivas aplicadas en otras regiones. La apuesta se centra en consolidar al país como un hub tecnológico dentro del ecosistema global.
La Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) será el único punto de contacto para todos los trámites relacionados, a través de un sistema de ventanilla única. Con este mecanismo se pretende agilizar procesos, eliminar trabas burocráticas y brindar acompañamiento durante la adopción tecnológica.
La normativa salvadoreña ofrece garantías a la propiedad intelectual y permite el desarrollo de proyectos en entornos de prueba controlados. Asimismo, limita la responsabilidad en casos de consecuencias no previstas, siempre que se actúe bajo criterios de seguridad y ética. Esto contrasta con marcos regulatorios más rígidos que restringen proyectos considerados de alto riesgo.
El nuevo marco establece incentivos para la creación de laboratorios, centros de investigación y alianzas público-privadas. Se prevé que la IA se integre en sectores como salud, educación y transporte, con el fin de mejorar la eficiencia de los servicios públicos, generar empleos y fomentar el crecimiento económico.
Uno de los aspectos más atractivos para inversionistas es la certeza jurídica que ofrece la legislación, con mecanismos flexibles como la autocertificación o los programas de pruebas supervisadas. Estas alternativas buscan reducir costos y facilitar la operación de startups y empresas de mayor escala. La ANIA priorizará la educación y la asistencia sobre las sanciones, con el fin de que las ideas puedan desarrollarse en un entorno seguro.
El marco regulatorio también contempla disposiciones específicas para proteger a los usuarios. Según el artículo 24 de las normas emitidas por la ANIA, los sistemas de IA deberán notificar obligatoriamente a las personas cuando las decisiones automatizadas afecten derechos relacionados con salud, finanzas, empleo, educación, vivienda, transporte o servicios públicos.
Estas notificaciones deberán ser claras y comprensibles, indicando el papel de la IA en la decisión y ofreciendo un mecanismo para impugnarla. No será obligatorio informar en casos de publicidad personalizada, recomendaciones de contenido, investigaciones de fraude, ciberseguridad o funciones básicas como corrección ortográfica.
Las disposiciones entraron en vigor el 2 de septiembre y establecen un periodo de gracia de 12 meses sin sanciones, considerado un entorno de prueba para los desarrolladores. Durante ese tiempo, los sistemas que ya operen en el país deberán registrarse en la ANIA para beneficiarse de salvaguardas y cumplir con las nuevas reglas.
A diferencia de la normativa europea, que impone requisitos más estrictos a startups y empresas emergentes, la legislación salvadoreña plantea un modelo simplificado y favorable a los negocios, sin dejar de alinearse con estándares internacionales. Este balance, según la ANIA, convierte al país en una alternativa competitiva en la región.
El Gobierno sostiene que la implementación de esta ley refuerza su intención de convertir a El Salvador en un centro de innovación tecnológica y un espacio de experimentación en inteligencia artificial. Con ello, busca enviar un mensaje claro a la comunidad internacional sobre su compromiso con la transparencia, la seguridad y el desarrollo de nuevas tecnologías.