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EEUU–Miles de salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos enfrentan nuevamente incertidumbre sobre su autorización para trabajar, luego de que un tribunal federal de Massachusetts rechazara bloquear una política que limita a un año la vigencia de los permisos laborales.
La resolución fue emitida por el juez Nathaniel Gorton y permite que continúe vigente, mientras avanza el litigio, la medida impulsada por el Gobierno estadounidense para establecer un periodo máximo de un año para determinadas autorizaciones de empleo vinculadas al TPS.
El fallo no pone fin al TPS para los salvadoreños. La protección migratoria para este grupo permanece vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, pero el escenario es distinto para quienes dependen de una autorización de empleo vigente para conservar sus puestos de trabajo.
Permisos vencidos generan preocupación
Uno de los principales efectos de la decisión se relaciona con los permisos de trabajo que habían vencido el pasado 22 de julio y cuya vigencia se había mantenido temporalmente mediante una orden judicial.
Con el levantamiento de esa protección, trabajadores que todavía esperan la renovación de sus documentos podrían quedar en una situación en la que mantienen el TPS, pero no cuentan con una autorización laboral vigente.
La abogada de inmigración Kelley Ortega advirtió que esto puede tener consecuencias directas para los beneficiarios, especialmente en aquellos casos en los que el empleador exige demostrar que la persona está autorizada para trabajar.
Los empleadores también enfrentan obligaciones legales, ya que contratar o mantener en un puesto a una persona que carece de autorización laboral puede exponerlos a sanciones federales.
La disputa judicial surgió a partir de varias medidas adoptadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), relacionadas con los permisos de trabajo del TPS y otros procedimientos migratorios.
Las organizaciones demandantes cuestionaron, entre otros aspectos, que se estableciera un límite de un año para determinadas autorizaciones de empleo y que esa disposición pudiera afectar extensiones concedidas antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.
El juez rechazó esos argumentos y concluyó que el límite de un año fue establecido por el Congreso, por lo que USCIS estaba implementando una disposición legal y no creando por cuenta propia una nueva regla que requiriera un proceso adicional de consulta pública.
El tribunal también descartó, en esta etapa, que la aplicación de la medida constituyera una violación retroactiva de la ley.
La decisión no significa el fin del TPS
Uno de los puntos que genera mayor confusión es la diferencia entre tener TPS y contar con autorización para trabajar.
El fallo se refiere a las autorizaciones de empleo y no elimina por sí mismo el TPS de los salvadoreños. La protección migratoria continúa vigente hasta septiembre, de acuerdo con la designación actual.
Sin embargo, la situación de los permisos laborales puede variar dependiendo del caso particular, la fecha de vencimiento del documento y el estado de la solicitud presentada ante USCIS.
La Alianza Nacional del TPS ha advertido que la decisión puede afectar especialmente a quienes presentaron solicitudes de renovación y todavía no reciben una respuesta.
Según datos citados por organizaciones defensoras de los beneficiarios, más de 120,000 salvadoreños solicitaron reinscribirse al TPS y renovar sus permisos de trabajo, pero hasta julio menos de 14,000 habían recibido aprobación de ambas solicitudes.
Ante la resolución, representantes de la comunidad beneficiaria analizan la posibilidad de presentar una apelación de emergencia ante una instancia federal superior.
José Palma, de la Alianza Nacional TPS, cuestionó el impacto de la decisión y señaló que quienes todavía esperan sus nuevos permisos podrían enfrentar problemas con sus empleadores.
La abogada Ortega también recomendó a los beneficiarios aprovechar este periodo para revisar su situación migratoria y obtener sus antecedentes ante las autoridades estadounidenses, particularmente quienes hayan tenido contactos previos con autoridades migratorias o hayan presentado solicitudes anteriores.
Esto permitiría conocer con anticipación qué alternativas podrían tener en caso de que el TPS deje de estar vigente.
La resolución del tribunal de Massachusetts no representa una decisión definitiva sobre todo el litigio. La política que limita la vigencia de los permisos de trabajo continuará aplicándose mientras el proceso judicial sigue su curso, salvo que una instancia superior modifique la decisión.
En el mismo caso, el juez sí concedió una medida cautelar relacionada con la nueva tarifa anual para solicitantes de asilo, al considerar que las consecuencias previstas para quienes no pagaran esa cuota no habían sido establecidas expresamente por el Congreso y que la implementación no siguió los procedimientos requeridos.
Para los salvadoreños con TPS, el escenario inmediato queda marcado por dos fechas distintas: el 9 de septiembre, cuando está prevista la vigencia actual del TPS, y las fechas individuales de sus autorizaciones de empleo, cuya situación dependerá de cada expediente y de las decisiones que adopten los tribunales en las próximas semanas.