La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a los tribunales que impongan doce años de cárcel para el expresidente Mauricio Funes (2019-2014) por la supuesta comisión del delito de lavado de activos por un caso en el que está siendo investigado por haber recibido una avioneta a cambio de entregar un permiso para la construcción de un puente.
Los fiscales han asegurado durante los alegatos finales que han logrado probar la existencia del delito, ya que la entrega de la avioneta «fue parte de los tratos para que el Ministerio de Obras Públicas le adjudicara la construcción del puente», a pesar de que no contaba con los requisitos de la adjudicación.
«Se ha logrado probar todos los hechos que se están acusando a Mauricio Funes, así como también la existencia del ilícito… Se ha logrado establecer que tenía conocimiento de esa ilicitud, y como pidieron confidencialidad para todos las actividades que se iban a realizar», ha declarado el fiscal del caso.
El Ministerio Público ha asegurado que el proceso de adjudicación del puente, a una empresa guatemalteca, fue un «proceso de mera fachada» donde el mandatario se lucró de la avioneta y al final no se construyó el puente. Por ello, le han pedido una multa de 66.700 dólares, correspondiente al desembolso que le hizo a la empresa del proyecto que no fue ejecutado.
El exmandatario salvadoreño, que reside en Nicaragua desde 2016, cuando recibió asilo, y posteriormente el Gobierno de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad, acumula condenas por 20 años de prisión (14 por la tregua pactada con pandillas y seis por evasión de impuestos) y siete órdenes de captura.