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ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación formal contra 564 integrantes de la pandilla 18 y solicitó al Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador que imponga la pena de cadena perpetua. El proceso incluye delitos atribuidos a las dos facciones de la estructura criminal, conocidas como Sureños y Revolucionarios.
De acuerdo con la información judicial, los procesados enfrentan cargos por 14,497 delitos, entre estos rebelión, pertenencia a agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, extorsión agravada y tráfico ilícito. Además, la Fiscalía les atribuye ocho casos de actos de terrorismo relacionados con ataques contra instituciones públicas.
Entre los hechos incluidos en la acusación figuran atentados contra instalaciones de la Fiscalía General de la República, los talleres de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Centro Judicial Dr. Isidro Menéndez, en San Salvador.
Según la documentación de la Corte Suprema de Justicia, entre los imputados se encuentran cabecillas históricos y jefes nacionales y territoriales de la pandilla, a quienes las autoridades atribuyen funciones de dirección, administración de recursos y coordinación de homicidios en diferentes zonas del país.
Entre los nombres mencionados en el proceso figuran César Daniel Renderos Díaz, conocido como «Muerto de Las Palmas», y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias «Chino Tres Colas», identificados por las autoridades como dirigentes históricos de las facciones Revolucionarios y Sureños, respectivamente.
La acusación también comprende a otros integrantes de las estructuras de mando de ambas facciones. La información divulgada por la Fiscalía incluye 18 cabecillas históricos de la facción Sureños y 19 de la facción Revolucionarios, con antecedentes de procesos judiciales y traslados a centros penitenciarios de máxima seguridad.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado se declaró preparado para iniciar la audiencia única abierta, una modalidad de procesamiento colectivo en la que se conocerán los hechos atribuidos a los imputados.
La Fiscalía fundamenta su solicitud de cadena perpetua en las reformas al Código Penal que contemplan esta sanción para determinados delitos vinculados con la pertenencia a estructuras criminales. La decisión sobre las responsabilidades penales y las penas correspondientes compete al tribunal.