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Guatemala–El Gobierno de Guatemala prorrogó por 15 días más el estado de Prevención en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, debido a la persistencia de hechos violentos protagonizados por grupos armados locales.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Gubernativo 2-2025, publicado este martes 30 de diciembre en el Diario Oficial.
El presidente Bernardo Arévalo justificó la decisión como parte de las acciones para prevenir nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de los habitantes de ambas comunidades, que durante años han mantenido tensiones derivadas de conflictos territoriales.
“El estado de Prevención busca evitar acciones que generen una perturbación grave de la paz y proteger a las comunidades frente a grupos que intentan operar al margen de la ley”, afirmó Arévalo.
El conflicto entre ambas localidades se agudizó tras los enfrentamientos del pasado 11 y 13 de diciembre, que dejaron al menos seis muertos según el Ministerio de Gobernación, aunque los alcaldes locales aseguran que fueron 13 las víctimas.
Los reportes oficiales señalan que grupos armados ilegales atacaron a comunitarios y a las fuerzas de seguridad, incluyendo a elementos del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil (PNC).
Arévalo explicó que estos grupos intentan tomar el control del territorio para continuar realizando extorsiones y otras actividades ilícitas, por lo que el refuerzo militar se mantendrá mientras persistan las condiciones de riesgo.
Restricciones durante la medida
- El decreto establece una serie de limitaciones temporales para garantizar el orden público y reducir el riesgo de nuevos ataques. Entre ellas destacan:
- Restricción de reuniones y manifestaciones públicas, así como la disolución de concentraciones no autorizadas.
- Prohibición del porte de armas o de objetos que puedan ser utilizados para ejercer violencia.
- Limitaciones al tránsito vehicular y peatonal en zonas y horarios definidos por las autoridades.
- Registros preventivos de vehículos y personas dentro de los municipios bajo la medida.
Las fuerzas de seguridad podrán intervenir de inmediato para disolver reuniones que representen una amenaza o en las que se porten armas, incluso si contaban con autorización previa.
El decreto ordena que las instituciones públicas involucradas informen y coordinen sus acciones con las autoridades municipales, además de rendir un informe detallado al presidente Arévalo tres días después de la finalización del período de excepción.
El documento también subraya que las medidas no deben generar discriminación ni limitar los derechos humanos fundamentales, en cumplimiento con la Constitución y los compromisos internacionales del Estado de Guatemala. Asimismo, el contenido del decreto será traducido a los idiomas locales para garantizar su difusión entre las comunidades afectadas.
El mandatario insistió en que la presencia del Ejército y de la PNC tiene como fin proteger la vida y la integridad de los habitantes, sin vulnerar derechos ni libertades.
“La aplicación del estado de Prevención debe hacerse con total respeto a los derechos humanos, pero con la firmeza necesaria para enfrentar a los grupos criminales”, declaró.
La medida se mantendrá vigente hasta el 14 de enero de 2026, fecha en la que el Ejecutivo evaluará si las condiciones de seguridad permiten levantar el régimen excepcional o si será necesario extenderlo nuevamente.