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Guatemala–El Gobierno de Guatemala inició gestiones diplomáticas con Estados Unidos ante la preocupación por nuevas medidas financieras impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que podrían endurecer los controles sobre transferencias de dinero y afectar el envío de remesas hacia el país centroamericano.
La alerta surgió luego de una orden ejecutiva firmada en Washington el 19 de mayo de 2026, orientada a reforzar la supervisión de operaciones bancarias vinculadas a migrantes y movimientos financieros considerados de riesgo. Entre las disposiciones se contemplan revisiones más estrictas sobre cuentas, transferencias internacionales y operaciones realizadas con documentos extranjeros o números ITIN.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) advirtió que un eventual endurecimiento de los controles podría tener repercusiones directas en el consumo interno y en la estabilidad macroeconómica del país, debido a la alta dependencia de miles de familias guatemaltecas de las remesas enviadas desde Estados Unidos.
Ante este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó que buscará diálogo con autoridades estadounidenses para conocer el alcance de las medidas y reducir posibles afectaciones económicas.
Las remesas representan uno de los principales motores de la economía guatemalteca. Solo entre enero y abril de 2026, Guatemala recibió más de 8 mil 431 millones de dólares en envíos familiares, un incremento del 10.5 % respecto al mismo período del año anterior, según cifras oficiales del Banco de Guatemala.
Diversos análisis económicos señalan que cualquier obstáculo en el flujo de remesas podría impactar el consumo de los hogares, especialmente en sectores con fuerte dependencia de esos ingresos para alimentación, vivienda, educación y salud.
Aunque la orden ejecutiva estadounidense se enfoca en controles financieros y prevención de delitos como lavado de dinero o fraude, expertos consideran que el efecto podría extenderse a migrantes sin estatus migratorio regular y a empresas remesadoras.
En paralelo, gobiernos de otros países de la región también comenzaron a evaluar posibles consecuencias. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración revisa el alcance de la normativa, aunque indicó que por ahora no observan un “gran riesgo” para el envío de remesas.