El Consejo de Defensa y Seguridad (CDS) de Honduras, en una reunión encabezada por la presidenta Xiomara Castro, aprobó el viernes la segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad, que entre sus nueve medidas contempla la ampliación del estado de excepción por otros seis meses, que supone la suspensión de gran parte de las garantías constitucionales.
Algunas de las medidas que se llevarán a cabo son que las cámaras de vigilancia 911 funcionarán en un plazo de un mes y que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) junto a la empresa estatal de telecomunicaciones Hondutel procederán a «prohibir la compra y venta de SIM Cards, chips para teléfonos celulares, sin que exista un estricto registro e identificación de los compradores», según ha explicado el representante del Gobierno, Ivis Alvarado.
La suspensión de garantías constitucionales «ha rendido muy buenos resultados para combatir la criminalidad heredada que se insertó en los más altos niveles de la Administración Pública, por lo que es procedente decretar por un nuevo periodo».
El balance oficial señala que durante el plazo del estado de excepción han sido detenidos al menos 650 miembros de maras y pandillas. Asimismo se ha registrado una caída de un 60 por ciento de las denuncias por extorsión y no se han registrado quejas por abuso policial.
La norma recuerda a una similar impuesta por uno de sus también convulsos vecinos, El Salvador, donde su presidente, Nayib Bukele, decretó un estado de excepción que se prolonga ya desde hace más de siete meses, entre críticas y denuncias de organizaciones internacionales por presuntas violaciones de los Derechos Humanos.
