Lun. Jul 22nd, 2024

Al declarar emergencia en materia de seguridad, el gobierno de Honduras anunció 14 drásticas medidas contra las pandillas y el crimen organizado, convirtiéndose en el primer país que como Estado replica el Plan Control Territorial (PCT) que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele implementó para combatir principalmente a las pandillas.

La primera medida fue el despliegue de las fuerzas de seguridad. “De forma inmediata deben planificar y ejecutar intervenciones de carácter de urgencia en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionados con estos delitos, que son cometidos por maras, pandillas y bandas del crimen organizado”, destaca en un comunicado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras.

Otra de las principales iniciativas será la construcción de una megacárcel con capacidad para albergar a 20,000 reos. Este proyecto busca replicar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, diseñado para aislar a los pandilleros y desarticular sus operaciones desde el interior de las prisiones.

Además de la construcción de la nueva cárcel, el gobierno hondureño ha emitido órdenes de captura para los líderes de pandillas y los autores intelectuales de delitos graves. Esta ofensiva tiene como objetivo desmantelar las estructuras criminales que han sembrado violencia y miedo en el país durante décadas.

La medida número seis plantea que el Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal para que los pandilleros y miembros de bandas de crimen organizado que cometan homicidios, narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, asociaciones ilícitas y lavado de dinero, sean calificados como terroristas.

También se ordena reformar el Código Penal para endurecer las penas por homicidios en perjuicio de operadores del sistema de seguridad y justicia [policías, militares, jueces y fiscales].

El plan de seguridad de Bukele ha sido ampliamente reconocido por su efectividad en la reducción de la violencia y la criminalidad en El Salvador, lo que ha llevado a otros países de la región a considerarlo como un modelo a seguir.

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