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EEUU–El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) instruyó a sus agentes a no ingresar a viviendas sin una orden judicial y a limitar las detenciones dentro de tribunales migratorios, según reportes basados en fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La medida representa un ajuste en la aplicación de la política migratoria y responde a cuestionamientos legales y políticos sobre operativos anteriores, especialmente por posibles vulneraciones a derechos constitucionales.
Restricciones a operativos
De acuerdo con la información divulgada, las nuevas directrices han sido comunicadas de forma interna y buscan frenar prácticas como el ingreso a domicilios sin autorización judicial. Este tipo de acciones había sido señalado por organizaciones civiles por contradecir la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra registros y detenciones arbitrarias.
Además, se ordenó reducir las capturas realizadas dentro de tribunales de inmigración, una práctica que también había generado críticas en meses recientes.
Los cambios se producen luego de cuestionamientos a la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, particularmente tras operativos que derivaron en incidentes graves.
Uno de los casos más señalados ocurrió en enero en Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses murieron durante un operativo migratorio, lo que incrementó la presión política incluso dentro del Partido Republicano.
Tras ese episodio, la Casa Blanca removió a la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, en medio de críticas por la ejecución de las redadas.
El actual titular del DHS, Markwayne Mullin, ya había adelantado este enfoque durante su proceso de confirmación en el Senado. Entre sus planteamientos, destacó la necesidad de exigir órdenes judiciales para ingresar a viviendas.
También propuso reorientar los operativos hacia la detención de migrantes en centros de reclusión, en lugar de realizar redadas comunitarias a gran escala.
El cambio en las directrices refleja un intento por redefinir la ejecución de las políticas migratorias en Estados Unidos, en medio de un debate persistente sobre seguridad, legalidad y derechos civiles.
Estas decisiones tienen implicaciones directas para comunidades migrantes y países de origen como El Salvador, cuyos ciudadanos forman parte importante de la población migrante en territorio estadounidense.