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EEUU / ElSalvador —La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó este viernes el regreso al país de Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que fue deportado en marzo por “error administrativo” durante la administración de Donald Trump, pese a contar con protección temporal otorgada por un juez en 2019.
Ábrego García, de 29 años, enfrentará ahora cargos federales por su presunta participación en una red de tráfico de personas que operaba en Texas y Tennessee. El Departamento de Justicia lo acusa formalmente de conspiración para transportar personas extranjeras y de transporte ilegal de migrantes indocumentados, incluyendo mujeres, menores de edad y presuntos miembros de la pandilla MS-13.
“Nuestro gobierno agradece al presidente Nayib Bukele por facilitar el retorno de Ábrego para que enfrente estos graves cargos. Así es como funciona la justicia estadounidense”, declaró Bondi en rueda de prensa.
Según las autoridades, Ábrego habría realizado más de 100 traslados ilegales en la última década, dedicándose a tiempo completo al contrabando de personas. Un gran jurado determinó que su rol fue clave en la operación.
Ábrego fue deportado el 15 de marzo, a pesar de que un juez federal había ordenado en 2019 suspender su expulsión debido a amenazas que su familia sufría en El Salvador por parte del Barrio 18. En su testimonio, Ábrego relató que él y su familia habían huido tras múltiples intentos de extorsión y violencia.
Su expulsión encendió una disputa legal y política. La Corte Suprema estadounidense falló en abril a su favor, ordenando al gobierno facilitar su retorno a Estados Unidos y garantizar que su proceso judicial siguiera su curso normal, como si nunca hubiese sido deportado.
Mientras estuvo en El Salvador, Ábrego fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) (la prisión de máxima seguridad construida para presuntos pandilleros) y posteriormente en un penal de Santa Ana, aunque no existía un proceso penal abierto en su contra en territorio salvadoreño.
Durante su detención, el gobierno salvadoreño lo presentó públicamente como miembro de la MS-13, una acusación que también repitió la administración Trump, aunque no ha sido judicialmente imputado por ese delito ni en El Salvador ni en EE.UU.
Organizaciones de derechos civiles y legisladores demócratas cuestionaron su deportación y detención sin debido proceso, y presionaron al gobierno salvadoreño para garantizar su integridad física. Uno de ellos, el senador Chris Van Hollen, se reunió con Ábrego en un hotel en San Salvador tras no recibir acceso al penal. La fotografía del encuentro fue publicada por el presidente Nayib Bukele, quien ironizó sobre las bebidas servidas con el mensaje: “No más margaritas bajo custodia”.
El caso desató tensiones entre congresistas estadounidenses y los gobiernos de Bukele y Trump. Aunque ABC News informó que hubo “discusiones diplomáticas de alto nivel” para el retorno de Ábrego, el gobierno salvadoreño negó haber participado en negociaciones, afirmando que simplemente cumplió una orden judicial de extradición.
El caso Ábrego se ha convertido en símbolo de los abusos y errores en las políticas migratorias implementadas bajo la doctrina Trump. Según su defensa, el salvadoreño fue criminalizado públicamente sin juicio previo y se violaron sus derechos al debido proceso.
A pesar de no contar con antecedentes penales ni acusaciones activas durante su expulsión, Ábrego fue incluido en un acuerdo penitenciario entre EE.UU. y El Salvador que permitía el envío de presuntos criminales al CECOT, con un costo anual de 6 millones de dólares para el gobierno estadounidense.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha mantenido una posición firme y a veces polémica respecto al caso. Aunque inicialmente expresó su rechazo a colaborar con el retorno de un “terrorista”, luego matizó su postura:
“Como dije en la Oficina Oval: 1. Nunca introduciría de contrabando a un terrorista en los Estados Unidos. 2. Nunca liberaría a un pandillero en las calles de El Salvador. Dicho esto, trabajamos con la administración Trump, y si solicitan el regreso de un pandillero para enfrentar cargos, por supuesto que no nos negaríamos”, declaró Bukele.
Ábrego fue deportado a El Salvador como parte de un acuerdo de cooperación penitenciaria por el cual Estados Unidos paga $6 millones anuales para que presuntos criminales sean recluidos en el CECOT. Aunque tanto Trump como Bukele lo acusaron públicamente de pertenecer a la MS-13, nunca fue formalmente imputado por ese delito en ninguno de los dos países.
El caso generó tensiones diplomáticas y visitas de congresistas demócratas a El Salvador, entre ellos el senador Chris Van Hollen, quien intentó verificar el estado de salud del salvadoreño. Ante la negativa de acceso a la prisión, Ábrego fue trasladado a un hotel donde se reunió con el legislador. Bukele publicó una fotografía del encuentro y escribió en X:
“No más margaritas bajo custodia”, haciendo alusión a las copas con bebidas en la mesa. Van Hollen aclaró que fueron colocadas por personal del gobierno salvadoreño.
Ahora, con su regreso a territorio estadounidense bajo custodia federal, el proceso judicial contra Ábrego podrá continuar. La fiscalía asegura tener pruebas contundentes sobre su participación en redes de tráfico humano, pero sus abogados y sectores del Congreso insisten en que su expulsión fue injusta y su caso debe evaluarse bajo estrictos estándares de legalidad.