La Alta Comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, expresó este viernes su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, integrarla en el ejército.
Según expresó Al Nashif, la Constitución mexicana recoge que este cuerpo es de carácter civil. Sin embargo, el Senado ha aprobado una reforma legislativa por la que el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional pasa a manos de cargos militares.
«Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México», ha denunciado.
«Los mecanismos de Derechos Humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes», afirmó Al Nashif.
La Alta Comisionada señaló que la militarización de las fuerzas de seguridad «aumenta de forma constante» desde 2006, pero eso no se ha traducido en un descenso de la criminalidad. En cambio, denuncia, se ha producido un aumento de las denuncias de «graves violaciones de derechos humanos» por parte de las cuerpos de seguridad.
Asimismo, apeló a las autoridades mexicanas a reforzar la supervisión civil en el sector de la seguridad y se ha mostrado preocupada por la reforma de la Constitución que se trata de llevar a cabo para permitir el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública hasta 2028.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la aprobación de esta ley este viernes. «Es lo más importante», dijo, y puso en valor que el control recaiga en manos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
